Impulsan reformas para fortalecer ley anticorrupción - TicoVisión 
Comisión interinstitucional impulsa reformas para fortalecer y adecuar ley anticorrupción.
04 de julio de 2012 | TicoVisión | Redacción - | Legislativas | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Impulsan reformas
para fortalecer ley anticorrupción
Un proyecto de reforma a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 8422, para fortalecer y adecuar la norma a los compromisos asumidos por el país en instrumentos internacionales, fue presentado a la corriente legislativa por representantes de los partidos Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y Accion ciudadana (PAC).
El texto de reforma parcial y adición a la Ley 8422 (Expediente Nº 18.348) fue redactado por una comisión interinstitucional conformada por la Contraloría General de la República (CGR), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR).
La propuesta de las instituciones que intervienen en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, fue acogida y suscrita por el diputado Víctor Emilio Granados Calvo (PASE), presidente de la Asamblea Legislativa, y la diputada Yolanda Acuña Castro, jefa de la fracción del PAC.
La iniciativa de ley propone reformar 43 artículos de la ley 8422 y pretende:
- Ajustar la ley a una serie de obligaciones adquiridas por Costa Rica en el marco de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” y la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, y otros instrumentos internacionales en esta materia.
El texto de reforma parcial y adición a la Ley 8422 (Expediente Nº 18.348) fue redactado por una comisión interinstitucional conformada por la Contraloría General de la República (CGR), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR).
La propuesta de las instituciones que intervienen en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, fue acogida y suscrita por el diputado Víctor Emilio Granados Calvo (PASE), presidente de la Asamblea Legislativa, y la diputada Yolanda Acuña Castro, jefa de la fracción del PAC.
La iniciativa de ley propone reformar 43 artículos de la ley 8422 y pretende:
- Ajustar la ley a una serie de obligaciones adquiridas por Costa Rica en el marco de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” y la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, y otros instrumentos internacionales en esta materia.
- Implementar las recomendaciones emitidas por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), como resultado de las tres evaluaciones efectuadas en Costa Rica.
- Integrar la normativa existente con la jurisprudencia administrativa y constitucional que se ha generado a lo largo de los casi ocho años de vigencia de la ley, sumando la experiencia de cada una de las instituciones participantes en la elaboración del proyecto.
- Optimizar el régimen preventivo de la ley, con la incursión de enmiendas al proceso de atención de denuncias, incorporación de medidas de protección para el denunciante de buena fe, reconocimiento de los principales alcances del derecho de acceso a la información pública, y la ampliación del régimen de incompatibilidades y abstenciones vigente en el ordenamiento jurídico.
- Introducir variaciones para consolidar el sistema de declaraciones juradas, como una herramienta mejorada para la prevención y detección de actos de corrupción.
- En lo relativo al régimen sancionatorio, incluir cambios en las causales de responsabilidad administrativa, tendentes a fortalecer el régimen y evitar que eventuales actos de corrupción queden impunes por falta de presupuestos legales para su sanción en sede administrativa.
- Se realiza una equiparación de penas en relación con conductas previamente tipificadas en el Código Penal vinculadas con actos de corrupción, con el objetivo de brindar mayor efectividad y eficacia en el ejercicio de la persecución penal.
- Se garantiza el derecho de los y las ciudadanas a la denuncia (participación ciudadana), así como el deber de las y los funcionarios públicos de denunciar cualquier acto de corrupción, faltas al deber de probidad, conflictos de intereses o cualquier otra falta (Artículo 4). Se les garantiza también la confidencialidad del denunciante para promover la denuncia y se garantiza el acceso a la información pública (Artículo 7).
- Integrar la normativa existente con la jurisprudencia administrativa y constitucional que se ha generado a lo largo de los casi ocho años de vigencia de la ley, sumando la experiencia de cada una de las instituciones participantes en la elaboración del proyecto.
- Optimizar el régimen preventivo de la ley, con la incursión de enmiendas al proceso de atención de denuncias, incorporación de medidas de protección para el denunciante de buena fe, reconocimiento de los principales alcances del derecho de acceso a la información pública, y la ampliación del régimen de incompatibilidades y abstenciones vigente en el ordenamiento jurídico.
- Introducir variaciones para consolidar el sistema de declaraciones juradas, como una herramienta mejorada para la prevención y detección de actos de corrupción.
- En lo relativo al régimen sancionatorio, incluir cambios en las causales de responsabilidad administrativa, tendentes a fortalecer el régimen y evitar que eventuales actos de corrupción queden impunes por falta de presupuestos legales para su sanción en sede administrativa.
- Se realiza una equiparación de penas en relación con conductas previamente tipificadas en el Código Penal vinculadas con actos de corrupción, con el objetivo de brindar mayor efectividad y eficacia en el ejercicio de la persecución penal.
- Se garantiza el derecho de los y las ciudadanas a la denuncia (participación ciudadana), así como el deber de las y los funcionarios públicos de denunciar cualquier acto de corrupción, faltas al deber de probidad, conflictos de intereses o cualquier otra falta (Artículo 4). Se les garantiza también la confidencialidad del denunciante para promover la denuncia y se garantiza el acceso a la información pública (Artículo 7).
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