El empedrado camino centroamericano contra la usura financiera - TicoVisión 
“Esto distorsiona los precios en el mercado, pero no hay quién los supervise”
23 de octubre de 2012 | TicoVisión | Redacción - IPS | América Central | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
El empedrado camino centroamericano
Por Edgardo Ayala *
San Salvador, 23 de octubre de 2012.- Los parlamentos de El Salvador y Guatemala debaten proyectos de ley destinados a frenar los abusos en la concesión de préstamos y en los costos de las tarjetas de crédito. Pero las iniciativas enfrentan férreas barreras a su concreción por parte del sector financiero.
Con una Ley Contra la Usura, legisladores de El Salvador intentan poner un techo a las tasas de interés cobradas para préstamos directos y tarjetas de crédito, mientras sus pares guatemaltecos analizan una Ley de Tarjetas de Crédito que, sin poner máximo, pretende frenar los abusos de cobro detectados con el llamado dinero plástico.
El gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), que juntos logran mayoría parlamentaria, impulsan la ley que pretende regular las tasas de interés activas, las que cobran los bancos a sus clientes.
Con una Ley Contra la Usura, legisladores de El Salvador intentan poner un techo a las tasas de interés cobradas para préstamos directos y tarjetas de crédito, mientras sus pares guatemaltecos analizan una Ley de Tarjetas de Crédito que, sin poner máximo, pretende frenar los abusos de cobro detectados con el llamado dinero plástico.
El gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), que juntos logran mayoría parlamentaria, impulsan la ley que pretende regular las tasas de interés activas, las que cobran los bancos a sus clientes.
La iniciativa responde a las constantes quejas de la población y de organismos de defensa del consumidor por los desbordados niveles del costo de los préstamos y su excesivo margen respecto de las tasas de interés pasivas, aquellas que pagan las entidades por los depósitos.
El proyecto se debate en la Asamblea Legislativa salvadoreña desde hace tres meses, pero tras aprobarse cinco de sus artículos, la discusión está empantanada en el punto medular: la imposición de límites máximos al cobro de intereses por la banca.
“Ningún país puede ser competitivo si los intereses que paga la gente por préstamos o tarjetas son excesivamente altos”, dijo a IPS el diputado Antonio Echeverría, del FMLN, uno de los promotores del proyecto legislativo.
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) reporta que las tasas de interés para préstamos de consumo a un año o más oscilan entre 28,9 por ciento del Banco de América Central y 198 por ciento del Banco Azteca de El Salvador.
La actividad bancaria y financiera está regulada por la SSF y una ley de 1999 que da libertad a las entidades en la fijación de tasas de interés.
El mismo reporte da cuenta de que al 30 de septiembre, las tasas por los depósitos variaban de 0,10 por ciento de Scotiabank, en colocaciones a 30 días, a 1,75 por ciento del Banco G&T Continental de El Salvador, en aquellas a plazo de un año.
El diputado Francisco Zablah, de Gana, señaló a IPS que la disparidad entre tasas activas y pasivas evidencia que el sector financiero “se está aprovechando de los consumidores”. “Ese margen inmenso entre lo que cobran por los préstamos y lo que pagan por los depósitos, no lo vamos a permitir”, agregó.
Los legisladores salvadoreños aún no se ponen de acuerdo sobre el mecanismo que utilizarían para limitar el cobro de intereses. Pero la idea más debatida es la de definir una fórmula matemática que genere una tasa promedio de referencia, que represente el techo máximo a cobrar por las entidades. Esperan que esa tasa no supere 48 por ciento.
El sector financiero se opone frontalmente al establecimiento de límites a las tasas de interés, sobre todo en lo que respecta a las tarjetas de crédito, el rubro con mayor margen de ganancias para la banca salvadoreña.
El rendimiento en el mercado de tarjetas de crédito alcanza un promedio de 17,6 por ciento, muy por encima del resto de las operaciones, señala el documento Estudio de las Condiciones de Competencia en el Sector de Tarjetas de Crédito y Débito en El Salvador, publicado por la Superintendencia de Competencia en 2011.
La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) promovió una campaña publicitaria en la que asegura que, si se imponen topes a los intereses de las tarjetas de crédito, el mercado se restringirá a 300.000 tarjetahabientes frente a los 800.000 actuales, en un país de 6,1 millones de personas.
Sus avisos en los medios de comunicación aseguran que las instituciones financieras no podrán otorgar el servicio a usuarios de dinero plástico por montos pequeños, porque su riesgo es alto y no se compensa con tasas de interés menores a las actuales.
“Abansa lo que hace es proteger los intereses de los bancos”, sostuvo Zablah.
La Asociación de Organizaciones de Microfinanzas salió en sorpresivo apoyo de la banca, al asegurar que, si se aprueba el proyecto de ley, estarán en riesgo 1.270 millones de dólares en créditos para las micro y pequeñas empresas, lo que afectará tanto al sector como a la productividad del país.
La Superintendencia de Competencia destacó en un estudio que en el sector de tarjetas de crédito confluyen elevada rentabilidad y alto grado de concentración del mercado, lo que otorga a las empresas financieras amplio margen para explotar su dominio de mercado, en detrimento de los consumidores.
Ese sector es regulado por la Ley de Sistema de Tarjetas de Crédito, vigente desde 2009, que no establece topes de intereses.
Mientras, en Guatemala el Congreso legislativo tramita desde 2011 una iniciativa de Ley de Tarjetas de Crédito, destinada a regular las tasas de interés, las comisiones, el extra financiamiento, la capacidad de pago del solicitante, la institución del delito de clonación y otros aspectos del sector.
El proyecto no establece un límite a las tasas de interés, pero contempla que estas deben ser pactadas con el tarjetahabiente y que no podrán ser incrementadas sino por un procedimiento establecido.
Además, señala que los intereses por financiamiento no podrán capitalizarse ni calcularse incluyendo comisiones y otros cargos, cuyo cobro deberá ser por servicios efectivamente prestados a cada cuentahabiente y pactados en los contratos.
La legislativa Comisión de Economía recuerda que el sector incluye 748.000 tarjetahabientes y controla 20 por ciento de la cartera de créditos de consumo, por lo que no puede seguir regulado por un Código de Comercio que data de 1970.
Arturo Quezada, de la no gubernamental Asociación de la Defensa de los Intereses del Consumidor de Seguros y Fianzas, dijo a IPS que la ausencia de una reglamentación sobre tarjetas de crédito “hace que las compañías emisoras cobren lo que les da la gana en intereses y moras”, entre otros abusos.
El activista se mostró a favor de que se regulen las tasas de interés “porque hay cobros abusivos en las tarjetas de crédito de hasta 50 y 60 por ciento anual”, aunque no se mostró a favor de establecer un máximo en esos tipos.
“Lo más preocupante es que no explican cómo se aplican los intereses moratorios, cómo son los porcentajes y menos lo que se pagó”, añadió.
Carlos González, de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales, dijo a IPS que es positivo que se apruebe una ley sobre dinero plástico, por la importancia en el financiamiento de los cerca de 15 millones de guatemaltecos.
Pero tampoco se mostró favorable a fijar un tope a los intereses y planteó, en su lugar, “el impulso de la libre competencia”, porque “en el país hay monopolios en la cerveza, el cemento, mientras que el sistema bancario tiene características oligopólicas”.
“Esto distorsiona los precios en el mercado, pero no hay quién los supervise”, aseguró.
* Con aporte de Danilo Valladares (Guatemala).
El proyecto se debate en la Asamblea Legislativa salvadoreña desde hace tres meses, pero tras aprobarse cinco de sus artículos, la discusión está empantanada en el punto medular: la imposición de límites máximos al cobro de intereses por la banca.
“Ningún país puede ser competitivo si los intereses que paga la gente por préstamos o tarjetas son excesivamente altos”, dijo a IPS el diputado Antonio Echeverría, del FMLN, uno de los promotores del proyecto legislativo.
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) reporta que las tasas de interés para préstamos de consumo a un año o más oscilan entre 28,9 por ciento del Banco de América Central y 198 por ciento del Banco Azteca de El Salvador.
La actividad bancaria y financiera está regulada por la SSF y una ley de 1999 que da libertad a las entidades en la fijación de tasas de interés.
El mismo reporte da cuenta de que al 30 de septiembre, las tasas por los depósitos variaban de 0,10 por ciento de Scotiabank, en colocaciones a 30 días, a 1,75 por ciento del Banco G&T Continental de El Salvador, en aquellas a plazo de un año.
El diputado Francisco Zablah, de Gana, señaló a IPS que la disparidad entre tasas activas y pasivas evidencia que el sector financiero “se está aprovechando de los consumidores”. “Ese margen inmenso entre lo que cobran por los préstamos y lo que pagan por los depósitos, no lo vamos a permitir”, agregó.
Los legisladores salvadoreños aún no se ponen de acuerdo sobre el mecanismo que utilizarían para limitar el cobro de intereses. Pero la idea más debatida es la de definir una fórmula matemática que genere una tasa promedio de referencia, que represente el techo máximo a cobrar por las entidades. Esperan que esa tasa no supere 48 por ciento.
El sector financiero se opone frontalmente al establecimiento de límites a las tasas de interés, sobre todo en lo que respecta a las tarjetas de crédito, el rubro con mayor margen de ganancias para la banca salvadoreña.
El rendimiento en el mercado de tarjetas de crédito alcanza un promedio de 17,6 por ciento, muy por encima del resto de las operaciones, señala el documento Estudio de las Condiciones de Competencia en el Sector de Tarjetas de Crédito y Débito en El Salvador, publicado por la Superintendencia de Competencia en 2011.
La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) promovió una campaña publicitaria en la que asegura que, si se imponen topes a los intereses de las tarjetas de crédito, el mercado se restringirá a 300.000 tarjetahabientes frente a los 800.000 actuales, en un país de 6,1 millones de personas.
Sus avisos en los medios de comunicación aseguran que las instituciones financieras no podrán otorgar el servicio a usuarios de dinero plástico por montos pequeños, porque su riesgo es alto y no se compensa con tasas de interés menores a las actuales.
“Abansa lo que hace es proteger los intereses de los bancos”, sostuvo Zablah.
La Asociación de Organizaciones de Microfinanzas salió en sorpresivo apoyo de la banca, al asegurar que, si se aprueba el proyecto de ley, estarán en riesgo 1.270 millones de dólares en créditos para las micro y pequeñas empresas, lo que afectará tanto al sector como a la productividad del país.
La Superintendencia de Competencia destacó en un estudio que en el sector de tarjetas de crédito confluyen elevada rentabilidad y alto grado de concentración del mercado, lo que otorga a las empresas financieras amplio margen para explotar su dominio de mercado, en detrimento de los consumidores.
Ese sector es regulado por la Ley de Sistema de Tarjetas de Crédito, vigente desde 2009, que no establece topes de intereses.
Mientras, en Guatemala el Congreso legislativo tramita desde 2011 una iniciativa de Ley de Tarjetas de Crédito, destinada a regular las tasas de interés, las comisiones, el extra financiamiento, la capacidad de pago del solicitante, la institución del delito de clonación y otros aspectos del sector.
El proyecto no establece un límite a las tasas de interés, pero contempla que estas deben ser pactadas con el tarjetahabiente y que no podrán ser incrementadas sino por un procedimiento establecido.
Además, señala que los intereses por financiamiento no podrán capitalizarse ni calcularse incluyendo comisiones y otros cargos, cuyo cobro deberá ser por servicios efectivamente prestados a cada cuentahabiente y pactados en los contratos.
La legislativa Comisión de Economía recuerda que el sector incluye 748.000 tarjetahabientes y controla 20 por ciento de la cartera de créditos de consumo, por lo que no puede seguir regulado por un Código de Comercio que data de 1970.
Arturo Quezada, de la no gubernamental Asociación de la Defensa de los Intereses del Consumidor de Seguros y Fianzas, dijo a IPS que la ausencia de una reglamentación sobre tarjetas de crédito “hace que las compañías emisoras cobren lo que les da la gana en intereses y moras”, entre otros abusos.
El activista se mostró a favor de que se regulen las tasas de interés “porque hay cobros abusivos en las tarjetas de crédito de hasta 50 y 60 por ciento anual”, aunque no se mostró a favor de establecer un máximo en esos tipos.
“Lo más preocupante es que no explican cómo se aplican los intereses moratorios, cómo son los porcentajes y menos lo que se pagó”, añadió.
Carlos González, de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales, dijo a IPS que es positivo que se apruebe una ley sobre dinero plástico, por la importancia en el financiamiento de los cerca de 15 millones de guatemaltecos.
Pero tampoco se mostró favorable a fijar un tope a los intereses y planteó, en su lugar, “el impulso de la libre competencia”, porque “en el país hay monopolios en la cerveza, el cemento, mientras que el sistema bancario tiene características oligopólicas”.
“Esto distorsiona los precios en el mercado, pero no hay quién los supervise”, aseguró.
* Con aporte de Danilo Valladares (Guatemala).
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