El hecho tampoco es simplemente anecdótico. Hace pocos días coincidí en una conversación con el Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quien al inventariar los progresos que el sector privado ha alcanzado en su relación con el gobierno, señaló que ahora tenían representantes en más de 30 entidades estatales. Pues bien, como el COSEP reclama tener, además de su agenda técnica una agenda institucional, sería extremadamente saludable para la cultura cívica y para el propio prestigio de ese organismo gremial, que sus representantes en entidades estatales periódicamente informen a los nicaragüenses sobre el desempeño de esas entidades. Harían un gran servicio a Nicaragua.

Por la entrevista de Ortega en la televisión rusa hemos conocido que “Empresas de la República Popular de China están al frente del proyecto” del eventual canal interoceánico en Nicaragua. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Cuáles su contraparte en Nicaragua? ¿Cuáles los términos de su participación en el proyecto? ¿Qué garantiza que en Nicaragua esas empresas no apliquen el modelo neocolonialista que las empresas estatales de China despliegan en muchos países africanos?

Preguntas sin respuesta es la política de comunicación del gobierno de Ortega. Los representantes del sector privado en entidades estatales deberían evitar ser capturados por la misma.

Peligrosa deriva

Llama la atención que aunque las elecciones municipales son menos convocantes que las elecciones presidenciales, los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días han sido más numerosos que los que se dieron en el proceso electoral del año pasado.

No pareciera ser simplemente un tema de pasiones locales, sino de la creciente frustración frente a la credibilidad del sistema electoral y la cada vez más extendida percepción que no es la ley la que vale, sino la fuerza. Peligrosa, peligrosa deriva.

Si, como lo viene advirtiendo desde hace tiempo el Obispo de Estelí, hay cada vez más evidencia de grupos armados con connotación política, esa deriva es aún más peligrosa.

Pero en ese cuadro de creciente conflictividad hay un rasgo particularmente preocupante. La semana pasada reconocimos el talante ennoblecedor de la institución policial que manifestó la Jefa de la Policía, al pedir disculpas por la criminal actuación de miembros de la entidad que balearon por la espalda a un motociclista. Esta semana, sin embargo, vimos escenas de la actuación policial en Quezalguaque contra manifestantes liberales que reclamaban ante las autoridades electorales de ese municipio, que no solamente recordaron las acciones de la policía en San Juan del Río Coco, el año pasado, sino que incluso provocaron en algunos de los manifestantes comparaciones con la guardia somocista. Si el cierre de los espacios electorales incita a la violencia, que la Policía trasmita la imagen de sesgo partidario agrava la situación.

Después de noviembre

La mayor expectativa de las elecciones de los Estados Unidos de la próxima semana no está en torno a quién gane, sino que una vez cerrado el proceso el Congreso de ese país, descargado de los cálculos electorales, se aboque a solucionar el llamado “abismo fiscal”.

Por “abismo fiscal” se conoce la entrada en vigencia automática, el próximo mes de enero, de una drástica subida de impuestos combinada con una drástica reducción de los gastos que, se teme, arrastraría a los Estados Unidos, y al mundo, a una seria depresión económica.  Ningún país escaparía a las consecuencias negativas de semejante escenario, y menos uno como el nuestro tan fuertemente vinculado a la economía estadounidense.

Aunque las convergencias en el centro entre republicanos y demócratas se han venido perdiendo (ya es historia aquella expresión del Presidente Nixon de hace cuatro décadas que en Estados Unidos “todos somos keynesianos”), la mayoría de los analistas apuestan a que el suicidio económico que representa el “abismo fiscal” será evitado. Que así sea.