como Región Atlántica o Departamento de Zelaya, hoy RAAN (Región Autónoma del Atlántico Norte) y RAAS (Región Autónoma del Atlántico Sur). De conformidad con esa concepción, en el Pacífico siempre se ha hablado de “incorporar la Costa Atlántica a Nicaragua” (es decir, al Pacífico) y no de “convertir a Nicaragua en un país Caribeño”. El cambio de concepción no es poca cosa, pues tendría enormes implicancias prácticas.

Para empezar, frente a nuestro país, que tiene una enorme vocación agropecuaria y agroindustrial, hay un extenso arco de islas que va desde el oriente de Cuba hasta las costas de Venezuela, Suriname y Guyana, que tienen un gran déficit alimentario, producto de la combinación de una inmensa población flotante de turistas y una limitadísima base agropecuaria. Es un déficit de muchos miles de millones de dólares.

Para no poner la carreta delante de los bueyes (por ejemplo, pensar en un puerto de aguas profundas que en las condiciones actuales difícilmente resulta factible desde el punto de vista económico), nuestras entidades públicas y privadas de promoción de exportaciones deberían empezar un esfuerzo agresivo de búsqueda de mercados en esas islas. No solamente para la producción agropecuaria y agroindustrial actual, por cierto muy poco diversificada y de baja productividad, sino para la potencial que tendría un fuerte incentivo para su diversificación y mayor productividad.

Como lo demuestran las crecientes exportaciones a Venezuela, gran parte de ellas a través del puerto fluvial de Rama y saliendo por el Bluff, el flujo económico de Nicaragua hacia ese arco de islas del Caribe se puede incrementar sin realizar, por el momento, grandes inversiones de infraestructura. Si ese flujo aumenta, entonces se rentabilizarían muchas de esas inversiones pendientes.

Claro, para eso, en Managua y resto del Pacífico debemos dejar de ser tan etnocéntricos y arrogantes, y así empezaríamos a completar una histórica reivindicación que solamente recién ha adquirido plena legitimidad jurídica.

Políticas de Estado

El fallo en la Corte de la Haya, resultado de una estrategia legal y política sostenida por más de tres décadas y a través de 5 gobiernos diferentes, ha destacado las bondades de las políticas de Estado, es decir, aquellas que se mantienen, con pocas variaciones, a través de diversos gobiernos porque no es esperable que rindan sus frutos en el corto plazo.

De manera notable, y sin duda con toda razón, se ha destacado el caso de la educación, que siempre ha sido el fundamento del desarrollo, más en las condiciones actuales de la así llamada Sociedad del Conocimiento, y que inequívocamente reclama una política de Estado que actualmente no existe.

Pero hay otro campo que también clama, con urgencia, una política de Estado: la productividad agropecuaria. Tanto La Prensa como El Nuevo Diario, y centros académicos como la Universidad Centroamericana (UCA), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), entre otras fuentes de información y conocimiento, han venido puntualizando cómo, en la mayoría de nuestros rubros de producción agropecuaria, tenemos productividades lamentables. Tan solo ayer, El Nuevo Diario publicaba cómo nuestra productividad cafetalera en promedio y a nivel nacional no llega a los 12 quintales por manzana, es decir  más baja que la mitad de la media centroamericana. Y algo semejante se publicó recientemente en relación a la ganadería.

El actual boom en los precios de exportación esconde la profunda debilidad estructural de tan baja productividad. Cualquier caída en esos precios, tendría efectos devastadores.

Destacamos el tema, porque lo indicado en el comentario anterior sobre la necesidad de explorar el mercado de alimentos en el enorme arco de islas del Caribe, requiere, con urgencia, diversificación y cambios en la productividad agropecuaria. De lo contrario, la oportunidad que se abre con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) solamente se aprovechará parcialmente, vía concesiones de pesca y de exploración de recursos naturales en el mar Caribe, sin mayores encadenamientos con la producción nacional. Es decir, seguiríamos condenados a un paisaje de luces y sombras.

Certeza de la inevitabilidad, y certeza de su prontitud

El Editor en Jefe de la Prensa, Eduardo Enríquez, en buena hora ha publicado su libro “Muerte de una República”, que en la segunda parte recoge una selección de las columnas que ha publicado en ese diario.

Tuve el gusto de estar en la presentación del libro, durante la cual Eduardo habló de una certeza que comparto: regímenes autoritarios como el de Ortega, por fuertes y sólidos que luzcan en determinado momento, inevitablemente acaban.

Pero Eduardo mencionó, al pasar, y seguramente con el propósito de ilustrar la mencionada certeza, plazos que no comparto: dijo que esos regímenes podrían tardar 50 o 60 años, pero que inevitablemente terminan. Si algo demuestra el vertiginoso cambio que vive el mundo, impulsado por la mayor revolución tecnológica de la historia, es que los “tiempos históricos” son cada vez más breves.

Como la luna, que después de llenar, mengua, así ocurre con el poder de los dictadores. Entre más absoluto su poder, más cercana está la mengua.