Fertilización in Vitro: un derecho humano y obligación del Estado - TicoVisión 
La condena al país era un hecho. La Defensoría fue diligente en advertir al Estado, de manera reiterada, la necesidad de regular esta materia.
21 de diciembre de 2012 | TicoVisión | Redacción - | Nacionales | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Fertilización in Vitro: un derecho
humano y obligación del Estado
Condena al país era un hecho. Defensoría fue diligente en advertir al Estado, de manera reiterada, la necesidad de regular esta materia y evitar el desprestigio internacional que genera esta resolución y el daño ocasionado a las víctimas. Costa Rica debe vigilar que no haya discriminación en estos casos.
San José, 21 de diciembre de 2012.- La Defensoría de los Habitantes realiza el siguiente pronunciamiento ante la resolución emitida el día de ayer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la fertilización in Vitro:
Ha quedado más que demostrado la necesidad de que el Congreso de la República legisle para tutelar el derecho de acceso a la técnica médica de la fecundación in Vitro, de la cual la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha sido diligente y reiterativa, en procura del respeto al derecho que tienen las personas que padecen la enfermedad de la infertilidad y que, representa una última opción científica, para poder intentar un estado de embarazo.
Ha quedado más que demostrado la necesidad de que el Congreso de la República legisle para tutelar el derecho de acceso a la técnica médica de la fecundación in Vitro, de la cual la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha sido diligente y reiterativa, en procura del respeto al derecho que tienen las personas que padecen la enfermedad de la infertilidad y que, representa una última opción científica, para poder intentar un estado de embarazo.
Con ocasión de la demanda interpuesta por diez parejas costarricenses, la Comisión Internacional de Derechos Humanos recomendó a Costa Rica legislar en esta materia porque estaba violentando, entre otros aspectos, el derecho a constituir una familia, la salud y a la igualdad. De igual manera, el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer recomendó al país levantar la prohibición de esta técnica médica –que priva desde el año 2000- para facilitar y extender el derecho a las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas.
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, como órgano nacional de protección de derechos humanos, ha sido enfático con el Estado para que comprendiera no solo la gravedad en el incumplimiento con el Sistema Interamericano en dotar al país de una legislación con contenido científico y técnico, sino también con la deuda pendiente con las víctimas que requieren de todas las posibilidades médicas existentes para atender sus necesidades e intereses.
Con esta resolución de la Corte Interamericana se obliga al Estado a regular científicamente esta materia y con ello se detiene el atropello de que nuevas parejas costarricenses sean expulsadas al extranjero a practicarse la técnica, lo que implica no solo gastos económicos sino vivir con la percepción de sentirse personas excluidas en su propio país para poder tener, de manera informada y voluntaria, una familia a través del avance médico.
“La condena al país era un hecho. Fuimos como Defensoría muy diligentes mediante una cadena advertencias al Estado, y de manera reiterada, la necesidad de regular esta materia y evitar el desprestigio internacional que genera esta resolución, más el daño ocasionado a las víctimas”, expresó tajantemente hoy la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.
“Hoy podemos reiterar que la fertilización in Vitro es un derecho humano, una obligación de atención del Estado y un procedimiento voluntario”, dijo Taitelbaum.
Rutas de acción de la Defensoría en el caso de fecundación in Vitro
En el año 2000, la Sala Constitucional declaró prohibida en el país la técnica médica de la fecundación in Vitro.
Diez parejas costarricenses acudieron a la CIDH para demandar al Estado. La Comisión recomendó al Estado a legislar en esta materia. Se le concedió tres prórrogas para atender el llamado, sin embargo, Costa Rica incumplió, situación que tuvo que ser de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Defensoría en octubre del 2010 revisó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante el Congreso y en Febrero del 2011 emitió un informe donde rechazó el contenido de la iniciativa porque incumplía las recomendaciones del CIDH al violentar el derecho a las mujeres, no garantizar el acceso universal de la técnica a través de los servicios públicos y privados, no desarrolla una técnica de fecundación viable y por lo tanto, recomendó la elaboración de un texto sustitutivo.
En noviembre del 2010 realizó foros con personas expertas internacionales y nacionales para discutir la técnica médica del FIV, con quienes se construyeron los mínimos que debería tener una regulación en la materia conteste con los Derechos Humanos. En abril del 2011 se le solicita al Poder Ejecutivo priorizar en las sesiones extraordinarias legislativas el proyecto, tomando en consideración el primer plazo de prórroga que otorgó la CIDH hasta el 31 de mayo.
En junio del 2011 la Defensoría hace un llamado a los y las diputadas de la Asamblea Legislativa a no renunciar a la regulación de la fertilización in Vitro a pesar del rechazo dado al proyecto del Poder Ejecutivo. Un mes después realiza la Defensoría en los parques una jornada de información técnica y científica para ofrecer al público material que pudiera indicar, con lenguaje sencillo, de que se trata esta técnica médica y los avances en esta materia.
En abril del 2012 la Defensoría le recordó al nuevo Directorio Legislativo que asumiría funciones a partir del 01 de mayo que la omisión en la discusión de temas como la Fertilización in Vitro y otros temas de Derechos Humanos iría en contra de los compromisos internacionales adoptados por el país para erradicar la discriminación y la desigualdad.
Y en agosto del 2012 la Defensoría entregó un informe técnico a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos de las víctimas mujeres, mediante la figura del “Amicus Curiae” en relación con el impacto desproporcionado que tienen en la vida de las mujeres la prohibición de la FIV.
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, como órgano nacional de protección de derechos humanos, ha sido enfático con el Estado para que comprendiera no solo la gravedad en el incumplimiento con el Sistema Interamericano en dotar al país de una legislación con contenido científico y técnico, sino también con la deuda pendiente con las víctimas que requieren de todas las posibilidades médicas existentes para atender sus necesidades e intereses.
Con esta resolución de la Corte Interamericana se obliga al Estado a regular científicamente esta materia y con ello se detiene el atropello de que nuevas parejas costarricenses sean expulsadas al extranjero a practicarse la técnica, lo que implica no solo gastos económicos sino vivir con la percepción de sentirse personas excluidas en su propio país para poder tener, de manera informada y voluntaria, una familia a través del avance médico.
“La condena al país era un hecho. Fuimos como Defensoría muy diligentes mediante una cadena advertencias al Estado, y de manera reiterada, la necesidad de regular esta materia y evitar el desprestigio internacional que genera esta resolución, más el daño ocasionado a las víctimas”, expresó tajantemente hoy la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.
“Hoy podemos reiterar que la fertilización in Vitro es un derecho humano, una obligación de atención del Estado y un procedimiento voluntario”, dijo Taitelbaum.
En el año 2000, la Sala Constitucional declaró prohibida en el país la técnica médica de la fecundación in Vitro.
Diez parejas costarricenses acudieron a la CIDH para demandar al Estado. La Comisión recomendó al Estado a legislar en esta materia. Se le concedió tres prórrogas para atender el llamado, sin embargo, Costa Rica incumplió, situación que tuvo que ser de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Defensoría en octubre del 2010 revisó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante el Congreso y en Febrero del 2011 emitió un informe donde rechazó el contenido de la iniciativa porque incumplía las recomendaciones del CIDH al violentar el derecho a las mujeres, no garantizar el acceso universal de la técnica a través de los servicios públicos y privados, no desarrolla una técnica de fecundación viable y por lo tanto, recomendó la elaboración de un texto sustitutivo.
En noviembre del 2010 realizó foros con personas expertas internacionales y nacionales para discutir la técnica médica del FIV, con quienes se construyeron los mínimos que debería tener una regulación en la materia conteste con los Derechos Humanos. En abril del 2011 se le solicita al Poder Ejecutivo priorizar en las sesiones extraordinarias legislativas el proyecto, tomando en consideración el primer plazo de prórroga que otorgó la CIDH hasta el 31 de mayo.
En junio del 2011 la Defensoría hace un llamado a los y las diputadas de la Asamblea Legislativa a no renunciar a la regulación de la fertilización in Vitro a pesar del rechazo dado al proyecto del Poder Ejecutivo. Un mes después realiza la Defensoría en los parques una jornada de información técnica y científica para ofrecer al público material que pudiera indicar, con lenguaje sencillo, de que se trata esta técnica médica y los avances en esta materia.
En abril del 2012 la Defensoría le recordó al nuevo Directorio Legislativo que asumiría funciones a partir del 01 de mayo que la omisión en la discusión de temas como la Fertilización in Vitro y otros temas de Derechos Humanos iría en contra de los compromisos internacionales adoptados por el país para erradicar la discriminación y la desigualdad.
Y en agosto del 2012 la Defensoría entregó un informe técnico a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos de las víctimas mujeres, mediante la figura del “Amicus Curiae” en relación con el impacto desproporcionado que tienen en la vida de las mujeres la prohibición de la FIV.
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