En Venezuela sería posible anular el fraude; en Nicaragua, NO - TicoVisión
Como lo he dicho anteriormente, está demostrado que en Venezuela no existe a la fecha un manejo dictatorial de las elecciones. En cambio, en Nicaragua desde 2008 la dictadura manipula...
28 de abril de 2013 | TicoVisión | Redacción - | Opinión | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
En Venezuela sería
posible anular el fraude; en Nicaragua, NO
Por Iván García Marenco
Managua, 28 de abril de 2013.- La principal o más conocida objeción levantada por la oposición venezolana a través de su candidato Capriles es que el Consejo Electoral es sospechoso de haber cometido fraude por medio de un conteo sesgado de los votos depositados en la urnas o máquinas de votación (según el sistema de votación venezolano).
Pero no es verosímil que los votos registrados finalmente en las computadoras no hayan sido contados correctamente. El 53 por ciento de los votos ya fueron elegidos al azar y contados en presencia de los representantes de la oposición (quienes no objetaron a ese conteo, aparentemente), y así se obtuvieron los resultados anunciados por el Consejo Electoral. Si se cuenta el 47 por ciento restante de los votos, la probabilidad de que los resultados del nuevo conteo, sumados a los votos ya contados, den la victoria a Capriles, es estadísticamente nula, de acuerdo a los cálculos probabilísticos hechos por el Centro para la investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research) . Es cierto que la oposición tiene derecho a exigir que se haga el conteo total, pero no pueden tener ninguna sólida esperanza de que el resultado va a ser tan diferente que el ya anunciado, como para dar la victoria a Capriles en vez de Maduro. Eso dicen los números y las probabilidades científicamente establecidas.
Eso en cuanto a la demanda de la oposición a que se recuenten los votos. Si hay otras
Pero no es verosímil que los votos registrados finalmente en las computadoras no hayan sido contados correctamente. El 53 por ciento de los votos ya fueron elegidos al azar y contados en presencia de los representantes de la oposición (quienes no objetaron a ese conteo, aparentemente), y así se obtuvieron los resultados anunciados por el Consejo Electoral. Si se cuenta el 47 por ciento restante de los votos, la probabilidad de que los resultados del nuevo conteo, sumados a los votos ya contados, den la victoria a Capriles, es estadísticamente nula, de acuerdo a los cálculos probabilísticos hechos por el Centro para la investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research) . Es cierto que la oposición tiene derecho a exigir que se haga el conteo total, pero no pueden tener ninguna sólida esperanza de que el resultado va a ser tan diferente que el ya anunciado, como para dar la victoria a Capriles en vez de Maduro. Eso dicen los números y las probabilidades científicamente establecidas.
Eso en cuanto a la demanda de la oposición a que se recuenten los votos. Si hay otras
exigencias de la oposición para demostrar que no hubo fraude, eso está fuera de la demanda del reconteo de los votos depositados. Y bien puede ser que, aunque el conteo de los votos depositados en las máquinas haya sido correcto, aún sería posible que sí se hubiera cometido fraude en los procedimientos previos a la votación misma: por ejemplo, una posibilidad es que se haya impedido votar a un sector considerable de la oposición o a que éstos depositaran finalmente sus votos en las máquinas; otra, que los fiscales electorales de la oposición fueran considerablemente estorbados para ejercer su supervisión, o fueran simplemente eliminados. Desconozco si la Ley contempla recursos eficaces post electorales para excluir el fraude que previamente pueda haberse cometido por estos procedimientos ilegítimos.
A los hermanos venezolanos de la oposición les corresponde tomar las decisiones que consideren pertinentes para esclarecer la verdad y defender sus derechos electorales si los consideran conculcados en estas pasadas elecciones. Les deseo buena suerte en sus esfuerzos.
Pero las circunstancias de las elecciones en Venezuela nos dan base para muchas consideraciones pertinentes con relación a nuestras últimas cuatro elecciones realizadas en Nicaragua desde 2008 (presidencial 2011, municipales 2008 y 2012, regionales 2010).
En primer lugar, en cuanto a las condiciones jurídicas y físicas del proceso electoral, es indudable que el sistema venezolano es mucho más simple que el nuestro, que adolece de muchas complicaciones puramente burocráticas, complicados, que permite a algunos agentes, especialmente la suprema autoridad en el sistema (CSE), actuar de manera sesgada o a veces plenamente ilegal aunque sagazmente oculta, a favor de una de las partes (normalmente, el partido en el poder). En Venezuela, las oportunidades del Consejo Electoral para intervenir inapropiadamente en el proceso son pocas y la oposición dispone de más recursos legales y normales para evitar la intervención fraudulenta de la autoridad. Un ejemplo muy claro de lo que digo es la diferencia en los sistemas de conteo de votos. En Nicaragua el CSE, para poder imponer un conteo sesgado de los votos depositados, pudo actuar, y ha actuado, de diferentes maneras que quienes no nos identificamos con la posición política de nuestro gobierno consideramos muy fraudulenta e ilegal: una, por estar constituido exclusivamente y a todos sus niveles, gracias a la acción previa del ejecutivo y contraviniendo las disposiciones constitucionales, por personas identificadas con el partido del gobierno (y de esta forma, imponiendo caprichosamente incluso normas no contempladas en la ley electoral que claramente han beneficiado al partido de gobierno a la hora de contar los votos tanto a nivel de mesas electorales como en el centro de computación nacional); otra, expulsando fiscales de la oposición tanto en el proceso previo a las votaciones como durante las mismas, o estorbando gravemente su acción (de esta forma, los miembros de las mesas electorales han podido ser manipulados por los representantes en las mismas del CSE para permitir conteos sesgados o completamente falsos de los resultados electorales sin que nadie pudiera impedir la falta de objetividad); otra, en ausencia de los fiscales de oposición, alterando los resultados reales de las elecciones y registrando los resultados falsos en las actas de cada mesa que fueron enviadas para el conteo central de los comicios; y, finalmente, también ante la ausencia de fiscales de oposición o por el estorbo que los imposibiltara de actuar eficazmente, alterando los resultados en la base final de datos de los resultados electorales.
Además de esas diferencias en la posibilidad de realizar conteos fidedignos de los resultados electorales, el sistema nicaragüense permite, por la inmensa e inaudita autoridad independiente con la que formalmente está revestido el CSE, que éste no pueda ser obligado a cumplir la misma ley electoral en cuanto a publicar junta por junta los resultados finales de las elecciones en presencia de los fiscales de oposición ni, mucho menos, a hacer un reconteo de los resultados registrados en las actas electorales y a solucionar los casos en que las actas (visiblemente alteradas) en manos del CSE no coincidan con las copias de las actas (limpias) en poder de la oposición. En Venezuela aunque, por las mismas condiciones del sistema, parece que el reconteo total no es necesario para evitar la sospecha de fraude, el Consejo Electoral está procediendo a realizar el reconteo; en Nicaragua, por el contrario, en las cuatro últimas elecciones a la oposición le ha sido absolutamente imposible conseguir que el CSE publique los resultados de todas las juntas receptoras de votos ni que proceda a un recuento de las actas en presencia de la oposición.
Como lo he dicho anteriormente, está demostrado que en Venezuela no existe a la fecha un manejo dictatorial de las elecciones. En cambio, en Nicaragua desde 2008 la dictadura manipula las elecciones irremediablemente.
Iván García Marenco:
Post Master, Special Programm for Urban and Regional Studies in Developing Areas, DUSP, Massachussets Institute of Technology (MIT), Cambridge, Mass., USA, 1979;
M.Sc. Agricultural Economics, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA,1972;
M.A Theology, Sankt Georgen Theologische Hochschule,Frankfurt at Main, Germany/Saint Mary’s University, Halifax, N.S., Canada,1969;
B.A. Philosophy, Universidad Católica de El Ecuador, 1962;
B.A. Classic Humanities, Universidad Católica de El Ecuador, 1959.
A los hermanos venezolanos de la oposición les corresponde tomar las decisiones que consideren pertinentes para esclarecer la verdad y defender sus derechos electorales si los consideran conculcados en estas pasadas elecciones. Les deseo buena suerte en sus esfuerzos.
Pero las circunstancias de las elecciones en Venezuela nos dan base para muchas consideraciones pertinentes con relación a nuestras últimas cuatro elecciones realizadas en Nicaragua desde 2008 (presidencial 2011, municipales 2008 y 2012, regionales 2010).
En primer lugar, en cuanto a las condiciones jurídicas y físicas del proceso electoral, es indudable que el sistema venezolano es mucho más simple que el nuestro, que adolece de muchas complicaciones puramente burocráticas, complicados, que permite a algunos agentes, especialmente la suprema autoridad en el sistema (CSE), actuar de manera sesgada o a veces plenamente ilegal aunque sagazmente oculta, a favor de una de las partes (normalmente, el partido en el poder). En Venezuela, las oportunidades del Consejo Electoral para intervenir inapropiadamente en el proceso son pocas y la oposición dispone de más recursos legales y normales para evitar la intervención fraudulenta de la autoridad. Un ejemplo muy claro de lo que digo es la diferencia en los sistemas de conteo de votos. En Nicaragua el CSE, para poder imponer un conteo sesgado de los votos depositados, pudo actuar, y ha actuado, de diferentes maneras que quienes no nos identificamos con la posición política de nuestro gobierno consideramos muy fraudulenta e ilegal: una, por estar constituido exclusivamente y a todos sus niveles, gracias a la acción previa del ejecutivo y contraviniendo las disposiciones constitucionales, por personas identificadas con el partido del gobierno (y de esta forma, imponiendo caprichosamente incluso normas no contempladas en la ley electoral que claramente han beneficiado al partido de gobierno a la hora de contar los votos tanto a nivel de mesas electorales como en el centro de computación nacional); otra, expulsando fiscales de la oposición tanto en el proceso previo a las votaciones como durante las mismas, o estorbando gravemente su acción (de esta forma, los miembros de las mesas electorales han podido ser manipulados por los representantes en las mismas del CSE para permitir conteos sesgados o completamente falsos de los resultados electorales sin que nadie pudiera impedir la falta de objetividad); otra, en ausencia de los fiscales de oposición, alterando los resultados reales de las elecciones y registrando los resultados falsos en las actas de cada mesa que fueron enviadas para el conteo central de los comicios; y, finalmente, también ante la ausencia de fiscales de oposición o por el estorbo que los imposibiltara de actuar eficazmente, alterando los resultados en la base final de datos de los resultados electorales.
Además de esas diferencias en la posibilidad de realizar conteos fidedignos de los resultados electorales, el sistema nicaragüense permite, por la inmensa e inaudita autoridad independiente con la que formalmente está revestido el CSE, que éste no pueda ser obligado a cumplir la misma ley electoral en cuanto a publicar junta por junta los resultados finales de las elecciones en presencia de los fiscales de oposición ni, mucho menos, a hacer un reconteo de los resultados registrados en las actas electorales y a solucionar los casos en que las actas (visiblemente alteradas) en manos del CSE no coincidan con las copias de las actas (limpias) en poder de la oposición. En Venezuela aunque, por las mismas condiciones del sistema, parece que el reconteo total no es necesario para evitar la sospecha de fraude, el Consejo Electoral está procediendo a realizar el reconteo; en Nicaragua, por el contrario, en las cuatro últimas elecciones a la oposición le ha sido absolutamente imposible conseguir que el CSE publique los resultados de todas las juntas receptoras de votos ni que proceda a un recuento de las actas en presencia de la oposición.
Como lo he dicho anteriormente, está demostrado que en Venezuela no existe a la fecha un manejo dictatorial de las elecciones. En cambio, en Nicaragua desde 2008 la dictadura manipula las elecciones irremediablemente.
Iván García Marenco:
Post Master, Special Programm for Urban and Regional Studies in Developing Areas, DUSP, Massachussets Institute of Technology (MIT), Cambridge, Mass., USA, 1979;
M.Sc. Agricultural Economics, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA,1972;
M.A Theology, Sankt Georgen Theologische Hochschule,Frankfurt at Main, Germany/Saint Mary’s University, Halifax, N.S., Canada,1969;
B.A. Philosophy, Universidad Católica de El Ecuador, 1962;
B.A. Classic Humanities, Universidad Católica de El Ecuador, 1959.
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