Redacción.- 
Cada día se oscurece más el panorama para los inmigrantes que ven su futuro en Estados Unidos. El 29 de julio próximo entraría en vigencia la ley antiinmigrantes de Arizona, a lo que se suma el despliegue de mil 200 soldados para resguardar la frontera sur. Arizona entra en su semana más crucial.
Esa norma establece que la Policía puede confirmar el estatuto de aquellas personas sospechosas de estar en ese país sin documentos migratorios, a los que podrá detener.

Desde que la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, estampara su firma en la normativa el 29 de abril, no han cesado las protestas nacionales e internacionales que acusan a la ley de ser racialmente discriminatoria y que ya ha provocado el éxodo de cientos de hispanos del estado, según organizaciones civiles.

Frente a ellas, una gran mayoría en Arizona -hasta 60%, según las encuestas- e incluso en buena parte de EE.UU. apoyan una ley que consideran una reacción al fracaso del gobierno federal por regular la situación de más de 11 millones de indocumentados en el país, una cuestión que, con una crisis económica todavía rampante, vuelve a agitar pasiones.

Mientras, muchos han sacado sus ahorros del banco, avisado a las escuelas que sus hijos no regresarán para el próximo curso y vendido todo lo que han podido mientras afinan los planes de una mudanza para participar en un éxodo que dirige su mirada a estados como Nuevo México, Utah, Nevada y Minnesota.

No hay datos oficiales sobre cuántos se marcharán debido a la ley, pero los testimonios recogidos en escuelas, comercios, iglesias y centros de salud son coincidentes: la cifra será alta.

Todos dirigen su mirada ahora a la corte de distrito de Phoenix, la capital de Arizona.

Desde que la juez Susan Bolton inició hace 2 semanas las audiencias de la más de media docena de demandas que se han interpuesto contra la controvertida ley, una de ellas de parte del propio gobierno estadounidense, todas las cábalas se centran en qué decidirá la magistrada a la que le ha caído uno de los casos más políticamente explosivos de los últimos tiempos.

Varios de los demandantes han solicitado una suspensión temporal de la ley hasta que la juez decida sobre las cuestiones de fondo de sus alegatos, que van desde la acusación de discriminación racial hasta el "derecho preeminente" de la ley federal sobre la estatal que garantiza la Constitución y que consideran viola la SB1070.

Los expertos coinciden en que la juez podría anunciar una decisión a comienzos de la semana, si bien nadie acierta a vaticinar si Bolton ordenará detener totalmente la ley, sólo algunas partes de la misma o permitir su completa entrada en vigor.

Con todo, nadie en Arizona está dispuesto a bajar la guardia porque son conscientes de que la decisión de la magistrada no es necesariamente la batalla legal decisiva.

"Todo apunta a que (la juez) va a conceder parcialmente la suspensión temporal de la ley", dijo el profesor de Derecho en la Universidad de Arizona Jack Chin, que sigue de cerca el caso. Sin embargo, dice, "eso da la oportunidad inmediata de apelar ante la Corte de Apelaciones" y que cualquiera de las partes "le pida al juez una suspensión del cumplimiento de la sentencia que permitiera acudir a la Corte Suprema".

Y, mientras tanto, continuar a la controvertida normativa su curso hasta su entrada en vigor el 29 de julio.

Sabedores de que aún no hay ninguna batalla ganada, aquellos - sobre todo hispanos pero también nativos- que se oponen a la SB1070 aseguran que continuarán sus protestas hasta el último día.

"Se está planeando mantener protestas activas frente al tribunal", aseguró Nicole Torres, portavoz de la organización Promise Arizona (PAZ) que surgió a raíz de las movilizaciones contra la ley.

"También se mantiene la vigila, el jueves será el día 105 (de la protesta) y habrá gente de la mañana a la noche", adelantó en referencia al grupo que desde antes incluso de que se firmara la ley ha estado manteniendo una protesta pacífica ante el Capitolio local.