Redacción.- Ante las expectativas generadas por un fallo de la Sala Constitucional y la información que alrededor de ella se ha generado en los medios de comunicación colectiva, el Ministerio de la Presidencia considera necesario hacer las siguientes manifestaciones:

1) La resolución de la Sala Constitucional responde a una acción de amparo presentada hace más de un año. No hay reproche en esta a las actuaciones de la Administración Chinchilla, en la cual se tomó la determinación de vigilar  de cerca la fluidez y transparencia del proceso que haga efectiva la apertura en el sector de telecomunicaciones.

2) En su aspecto medular,  la acción pretendió movilizar la acción gubernamental dirigida a procurar la cesión por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de frecuencias necesarias para iniciar el proceso de apertura del sector de telecomunicaciones. Tal acción se produjo satisfactoriamente desde hace algunos meses y actualmente el Poder Ejecutivo es titular de las frecuencias necesarias para hacer efectiva la apertura.

3) El proceso de licitación para nuevos operadores de telefonía celular debe respetar plazos razonables para  la preparación, trámite e incidencias jurídicas del complejo proceso,  hasta tomar una decisión respecto a cuales serán los nuevos operadores.  Por esa razón las autoridades competentes buscarán obtener claridad respecto a los alcances del fallo, particularmente en lo atinente a plazos razonables para  la ejecución de las tareas pendientes.

4) De esa forma resulta evidente que hay coincidencia entre los objetivos del Poder Ejecutivo y la decisión de la Sala Constitucional. Respecto a los plazos será necesario conocer la respuesta a la aclaración solicitada para validar los plazos,  a la luz del objetivo de que el proceso de licitación sea exitoso y beneficioso para los usuarios en el menor tiempo posible.