Conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas - TicoVisión
En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las comunidades indígenas esperan del gobierno un cambio en la dirección y una nueva forma de relacionarse con ellas, y que se retome la Mesa de...
de los Pueblos Indígenas
San José, 9 de agosto de 2015.- Con trabajo diario impulsando el desarrollo autónomo, el buen vivir, el reconocimiento y la aplicación de sus derechos, las comunidades, territorios y pueblos, los indígenas costarricenses, sus organizaciones y dirigencia comunitaria, regional y nacional, conmemoran el 09 de agosto de cada año el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, establecido por la Asamblea General de la ONU, el 23 de diciembre de 1994, mediante resolución A/RES/49/214.
Históricamente el Estado de Costa Rica ha carecido de voluntad política institucionalizada para dar atención al reconocimiento real y la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, a pesar que ha aprobado legislación al respecto y ha ratificado y/o firmado los tratados internacionales sobre derechos humanos de los indígenas.
En los quince meses del gobierno actual, entre otros muchos casos relevantes, es notoria la continuidad de la carencia de voluntad política del estado para cumplir en la práctica con el mandato de la normativa nacional y tratados internacionales para la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, lo que se manifiesta, en:
Falta de acciones para respectar y sobre todo aplicar las recomendación del Relator de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, emanadas en abril de 2011, sobre la Consul-
Históricamente el Estado de Costa Rica ha carecido de voluntad política institucionalizada para dar atención al reconocimiento real y la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, a pesar que ha aprobado legislación al respecto y ha ratificado y/o firmado los tratados internacionales sobre derechos humanos de los indígenas.
En los quince meses del gobierno actual, entre otros muchos casos relevantes, es notoria la continuidad de la carencia de voluntad política del estado para cumplir en la práctica con el mandato de la normativa nacional y tratados internacionales para la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, lo que se manifiesta, en:
Falta de acciones para respectar y sobre todo aplicar las recomendación del Relator de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, emanadas en abril de 2011, sobre la Consul-
defendiendo su tierra y a su pueblo.
ta, y más allá de esta, en cuestiones de fondo como la recuperación de tierras y actualización de la legislación (ej. Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas).
Abandono de las acciones iniciadas en el gobierno anterior sobre el saneamiento de la tierra y territorio, especialmente aquella que es ocupada ilegal ilegalmente y que ha generado situaciones de violencia en contra de los indígenas de los Territorios de Salitre y Térraba, en la zona de Buenos Aires y Pérez Zeledón. El estado se escuda en la normativa nacional para incumplir con la legislación nacional y tratados internacionales referidos a los derechos indígenas.
Relegar indefinidamente (así han transcurrido más de 20 años) la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Ley de Autonomía), bajo la histórica infundada y desgastada argumentación que no existe consenso entre los indígenas. En el país ninguna ley ha sido aprobada con el voto de la totalidad de los y las diputados; el TLC con Estados Unidos fue aprobado únicamente con el 50% de votos a favor.
nales. Sin embargo el gobierno continúa sin dar señales para el reconocimiento de las estructuras comunitarias tradicionales y organizaciones indígenas, las primeras como formas de gobierno propio, y las segundas como facilitadoras de procesos en el desarrollo autónomo de las comunidades.
El estado no está atendiendo adecuadamente el tema de la Consulta. Cada institución hace sus propias interpretaciones de acuerdo a sus intereses sobre la consulta, vulnerando y obviando lo que determina el Convenio 169 de la OIT y Declaración de la ONU sobre derechos indígenas. Es así como sin consulta han aprobado políticas, planes, programas, decretos ejecutivos, leyes, y avanzan en la construcción del proyecto eléctrico Reventazón, y pretenden hacerlo con el PH El Diquís, y en el programa REDD+.
Funcionarios públicos provocan conflictos en los territorios con acciones como la reciente incursión del señor Carlos Obregón, presidente de la empresa estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al Territorio de Térraba, un día antes de la conmemoración del 305 aniversario del magnicidio del Héroe Indigena Pa Blü Pe Bere (rey de las lapas) conocido como Pablo Presbere, para reunirse con un pequeño grupo de indígenas y un mayoritario grupo de no indígenas ocupantes de tierras térrabas, para tratar asuntos del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PH El Diquís), sin que previamente exista un diálogo con la comunidad.
El gobierno publicita ante el mundo la reciente reforma al artículo 1° de la Constitución Política que establece que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural, pero no informa al país y menos a los indígenas en particular la significancia de este hecho y cómo llevará a la práctica esa reforma.
Con los actos del gobierno en Costa Rica en el país y en el concierto de las naciones, queda demostrado la falta de voluntad política del Estado para atender con seriedad la situación de los pueblos indígenas.
En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, MANIFESTAMOS:
a) Que las comunidades indígenas confían en el diálogo con el gobierno, pero este debe ser en forma responsable, sería y en base de una agenda como la Agenda Nacional Indígena consensuada en la Mesa de Diálogo.
b) Que las comunidades indígenas esperan del gobierno un cambio en la dirección y una nueva forma de relacionarse con ellas.
c) Que las comunidades animan al gobierno para que,
● Se manifieste publica y formalmente ¿Qué acciones concretas va a ejecutar para el cumplimiento y aplicación de la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de la República, y en qué plazos? Reforma que declara a Costa Rica como un país multiétnico y pluricultural.
● Tenga una pronta reacción y tome medidas afirmativas para el respeto y sobre todo aplicar la normativa nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.
● Retome la Mesa de Diálogo Gobierno – Indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón, y su ampliación a todos los Territorios Indígenas del País.
● Convoque a sesiones extraordinarias de la asamblea legislativa del Proyecto de Ley de Autonomía, y su votación.
Abandono de las acciones iniciadas en el gobierno anterior sobre el saneamiento de la tierra y territorio, especialmente aquella que es ocupada ilegal ilegalmente y que ha generado situaciones de violencia en contra de los indígenas de los Territorios de Salitre y Térraba, en la zona de Buenos Aires y Pérez Zeledón. El estado se escuda en la normativa nacional para incumplir con la legislación nacional y tratados internacionales referidos a los derechos indígenas.
Relegar indefinidamente (así han transcurrido más de 20 años) la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Ley de Autonomía), bajo la histórica infundada y desgastada argumentación que no existe consenso entre los indígenas. En el país ninguna ley ha sido aprobada con el voto de la totalidad de los y las diputados; el TLC con Estados Unidos fue aprobado únicamente con el 50% de votos a favor.
No promueve la reforma de la ley de la gubernamental Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), ampliamente reconocida como una entidad anti indígena; y del reglamento de la Ley Indígena, que impuso las Asociaciones de Desarrollo Indígenas (ADIs) como administradoras de los territorios, en menoscabo de las Estructuras Comunitarias Tradicionales que son reconocidas por la misma Ley Indígena. Las ADIs, salvo sus excepciones, son las causantes de la ingobernabilidad de los territorios.
El estado privilegia institucionalmente a las ADIs, concediéndoles la autoridad, esto lo materializa a pesar esa forma de organización únicamente la respalda el reglamento de la Ley Indígena, mientras que la propia Ley en su artículo 2 expresamente establece que las Comunidades Indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase; y en su artículo 4 determina que los territorios serán regidos por sus estructuras comunitarias tradicio-
El estado privilegia institucionalmente a las ADIs, concediéndoles la autoridad, esto lo materializa a pesar esa forma de organización únicamente la respalda el reglamento de la Ley Indígena, mientras que la propia Ley en su artículo 2 expresamente establece que las Comunidades Indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase; y en su artículo 4 determina que los territorios serán regidos por sus estructuras comunitarias tradicio-
nales. Sin embargo el gobierno continúa sin dar señales para el reconocimiento de las estructuras comunitarias tradicionales y organizaciones indígenas, las primeras como formas de gobierno propio, y las segundas como facilitadoras de procesos en el desarrollo autónomo de las comunidades.
El estado no está atendiendo adecuadamente el tema de la Consulta. Cada institución hace sus propias interpretaciones de acuerdo a sus intereses sobre la consulta, vulnerando y obviando lo que determina el Convenio 169 de la OIT y Declaración de la ONU sobre derechos indígenas. Es así como sin consulta han aprobado políticas, planes, programas, decretos ejecutivos, leyes, y avanzan en la construcción del proyecto eléctrico Reventazón, y pretenden hacerlo con el PH El Diquís, y en el programa REDD+.
Funcionarios públicos provocan conflictos en los territorios con acciones como la reciente incursión del señor Carlos Obregón, presidente de la empresa estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al Territorio de Térraba, un día antes de la conmemoración del 305 aniversario del magnicidio del Héroe Indigena Pa Blü Pe Bere (rey de las lapas) conocido como Pablo Presbere, para reunirse con un pequeño grupo de indígenas y un mayoritario grupo de no indígenas ocupantes de tierras térrabas, para tratar asuntos del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PH El Diquís), sin que previamente exista un diálogo con la comunidad.
El estado aprobó sin la participación y consulta indígena la Política para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación y Xenofobia, y un plan de acción. Además se desconoce de acciones para su implementación.
El gobierno abandonó el seguimiento a la Mesa de Diálogo Gobierno – Indígenas de los 7 Territorios ubicados en los Cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, la que fue creada formalmente en Decreto Ejecutivo Nº 38437-MP-MBSF, de 9 de abril de 2014, en la administración gubernamental anterior.
El estado informa a los órganos de los tratados de la ONU que está cumpliendo y haciendo esfuerzos para cumplir con los derechos indígenas; sin embargo informen de la Defensoría de los Habitantes y de los propios indígenas dicen lo contrario; y al ser cuestionado en temas concretos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en la reunión del 5 y 6 de este mes, en la sede de la ONU en Ginebra, da explicaciones muy generales, y a pesar del pedido de los miembros del CERD, el gobierno no aporta casos concretos del cumplimiento y aplicación de los derechos indígenas.
El gobierno abandonó el seguimiento a la Mesa de Diálogo Gobierno – Indígenas de los 7 Territorios ubicados en los Cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, la que fue creada formalmente en Decreto Ejecutivo Nº 38437-MP-MBSF, de 9 de abril de 2014, en la administración gubernamental anterior.
El estado informa a los órganos de los tratados de la ONU que está cumpliendo y haciendo esfuerzos para cumplir con los derechos indígenas; sin embargo informen de la Defensoría de los Habitantes y de los propios indígenas dicen lo contrario; y al ser cuestionado en temas concretos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en la reunión del 5 y 6 de este mes, en la sede de la ONU en Ginebra, da explicaciones muy generales, y a pesar del pedido de los miembros del CERD, el gobierno no aporta casos concretos del cumplimiento y aplicación de los derechos indígenas.
El gobierno publicita ante el mundo la reciente reforma al artículo 1° de la Constitución Política que establece que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural, pero no informa al país y menos a los indígenas en particular la significancia de este hecho y cómo llevará a la práctica esa reforma.
Con los actos del gobierno en Costa Rica en el país y en el concierto de las naciones, queda demostrado la falta de voluntad política del Estado para atender con seriedad la situación de los pueblos indígenas.
En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, MANIFESTAMOS:
a) Que las comunidades indígenas confían en el diálogo con el gobierno, pero este debe ser en forma responsable, sería y en base de una agenda como la Agenda Nacional Indígena consensuada en la Mesa de Diálogo.
b) Que las comunidades indígenas esperan del gobierno un cambio en la dirección y una nueva forma de relacionarse con ellas.
c) Que las comunidades animan al gobierno para que,
● Se manifieste publica y formalmente ¿Qué acciones concretas va a ejecutar para el cumplimiento y aplicación de la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de la República, y en qué plazos? Reforma que declara a Costa Rica como un país multiétnico y pluricultural.
● Tenga una pronta reacción y tome medidas afirmativas para el respeto y sobre todo aplicar la normativa nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.
● Retome la Mesa de Diálogo Gobierno – Indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón, y su ampliación a todos los Territorios Indígenas del País.
● Convoque a sesiones extraordinarias de la asamblea legislativa del Proyecto de Ley de Autonomía, y su votación.
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