Sin el menor asomo de duda, los constantes golpes  a la institucionalidad, reforzados con la violencia de las turbas en las calles, más el chantaje y la complicidad de políticos irresponsables, hoy cobran una gran factura a la democracia en Nicaragua.

Los acontecimientos políticos desde la última vez que Ortega asumió formalmente el poder (pues desgobierna Nicaragua desde hace 30 años desde arriba o desde abajo) han dejado una gran sensación de frustración dentro de la ciudadanía,  que ha llegado al límite del conformismo y la apatía.

Hace pocas semanas y durante una reunión con amedrentados aliados del COSEP, Ortega hizo una amenaza en el sentido de disolver la Asamblea Nacional y volver a montar como organismo legislativo el tristemente célebre Consejo de Estado, que funcionó en los años 80´s como títere del FSLN para adecuar la Constitución Política y las Leyes de la República como sustento de la nueva dictadura totalitaria en sustitución del somocismo.

Cuando Ortega vituperó la amenaza, ninguna mueca parecida a una sonrisa se reflejó en su  duro, frío e inexpresivo rostro, pero el líder de los empresarios nicaragüenses se apresuró a decir que todo se trataba de una broma del presidente. Broma o no, la amenaza es un indicador de la magnitud y la profundidad de la crisis institucional originada en Nicaragua a principios del presente año por el afán de Ortega de perpetuarse en el poder,  crisis que, lejos de resolverse, se profundiza peligrosamente sin que se vislumbren válvulas cívicas de escape.

Ortega hablaba abiertamente de impulsar una reforma constitucional que estableciera la figura del referendo revocatorio, la reelección presidencial indefinida  y el cambio del régimen político presidencialista por uno parlamentario. Ante el rechazo de las reformas en el Parlamento, Ortega recurrió a una serie de maniobrase legales, facilitadas por el pacto Ortega-Alemán de 2000, mediante el cual el PLC y el FSLN se repartieron los cargos en los órganos de control del Estado. Estas maniobras incluyen la declaración de “inaplicabilidad”, por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua, que prohíbe la reelección presidencial consecutiva; y la defensa por parte de la CSJ del Decreto Presidencial 3-2010 -mediante el cual prorrogaba a los funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE), la misma CSJ, el procurador de los Derechos Humanos y el Superintendente de Bancos.

Con solo esas dos aberrantes acciones, todo el manto de legalidad del orteguismo ha quedado hecho añicos y nadie en su sano juicio puede pensar en concurrir a comicios libres, transparentes y honestos, mucho menos en igualdad de condiciones, como lo demanda una auténtica democracia representativa y respetuosa de la institucionalidad.

La oposición en el Parlamento intentó derogar estas aberraciones jurídicas. Al menos algunos diputados parecieron sinceros en su intención de hacerlo, sin haberlo conseguido hasta ahora. Pero, además, la Asamblea Nacional fue incapaz de nombrar, como le corresponde constitucionalmente, a algunos de los nuevos funcionarios antes del final de los períodos establecidos por ley,  lo que le dio a Ortega argumentos para decretar la prórroga, y así preservar una correlación de fuerzas favorable en estas instituciones, con la excusa de “evitar la inseguridad e inestabilidad política, económica y jurídica de la nación”.  El argumento es inaceptable, porque Ortega y su pandilla son los principales protagonistas, promotores y apologistas del caos institucional, de la inseguridad jurídica y de la alteración descarada del orden constitucional. Es algo tan evidente que solamente alguien como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), su excelencia socialistísima José Miguel Insulza, es incapaz de ver.

Aún con las amplias posibilidades que el FSLN tiene de preservar el control del Ejecutivo  (con Ortega o sin él), el actual distanciamiento entre su liderazgo y la jerarquía católica, sumado a las posibilidades de consenso entre los partidos opositores y la sociedad civil, permiten considerar la posibilidad de que pudieran ser desalojados de la presidencia por el siguiente período. Sin embargo, no puede obviarse que los candidatos con mayores posibilidades de reemplazar a Ortega son los mismos protagonistas del pacto que facilitó el génesis de la crisis actual. Las más prominentes élites políticas nicaragüenses no parecen comprometidas a jugar de acuerdo con las reglas de la democracia, o al menos asegurar que las mismas permanezcan constantes y se institucionalicen en el tiempo, por lo que para el futuro inmediato del país es urgente buscar caras nuevas, probas  y con honestidad a toda prueba, para enrumbarnos hacia el puerto de una auténtica democracia, estabilidad jurídica, promoción de la inversión y el desarrollo social, que la miseria de la población impone como tarea ineludible e impostergable.

Si bien Nicaragua salió de su guerra civil con una sociedad fortalecida y ávida de participación,  en los primeros años de gobierno dictatorial, Ortega cooptó, dividió o amedrentó con cárcel y exilio a los partidos y organizaciones no afines al sandinismo. A la fecha, la gran mayoría de partidos políticos opositores han alcanzado tal deterioro que no cumplen efectivamente su papel. El Estado ha sido incapaz de desarrollarse financieramente y asegurar la eficacia de sus políticas. Con todo esto, la gobernabilidad democrática se dificulta cada vez más y las posibilidades de desarrollar una democracia estable y satisfactoria para su ciudadanía se ven cada vez más lejanas. Las amenazas a la democracia en Nicaragua no se reducen a Ortega, ni al FSLN.

Mientras tanto, algunos grupos de la sociedad civil nicaragüense, en alianza con algunos partidos minoritarios, han organizado protestas en contra de las intenciones reeleccionistas de Ortega, que en varias ocasiones han sido opacadas por las movilizaciones sandinistas. Sus esfuerzos han sido amparados por miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica en Nicaragua, que hasta hace poco había permanecido discretamente  cercana a Ortega y el FSLN, en una alianza basada en la oportunista e hipócrita defensa que hace el orteguismo de la agenda católica, particularmente sobre el aborto terapéutico.

A la mezquindad de ciertos políticos opositores, principal obstáculo para lograr la unidad alrededor de un candidato de consenso y no cuestionado por actos de corrupción, hay que agregar otro factor determinante y de mucho peso: El FSLN conserva el control total sobre los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral, la máxima institución en materia de elecciones, cuya credibilidad cayó a niveles de bajo cero después del fraude descarado que se dio durante las municipales de 2008 y para los consejos de las regiones autónomas del Caribe en 2010. Si bien las elecciones presidenciales, por la importancia del cargo que otorgan, probablemente serán observadas mucho más cuidadosamente por la comunidad internacional, la posibilidad de un fraude permanece latente mientras no haya cambio de magistrados, especialmente de Roberto Rivas Reyes, capaz de hacer cualquier cosa que Ortega le ordene para no ir a la cárcel por las fechorías  (propias y familiares) pasadas y presentes.

Eso sí, Daniel Ortega y su corte de serviles, incluidos los que tiene en Costa Rica, que nunca se han ganado honradamente ni lo que pierden en los lujosos casinos de San José (a pesar de sentirse inseguros en este país) y que jamás han trabajado ni siquiera como meseros,  deben tener presente que  un nuevo fraude, o un intento de fraude electoral, significaría el tiro de gracia a la paz de Nicaragua y obligaría a la clase política y a la sociedad civil nicaragüenses a replantear seriamente sus estructuras organizativas en función de otras opciones que, al parecer, ya se están gestando.

Los días que están por venir sellarán el destino de Ortega y sus secuaces dentro y fuera de Nicaragua.