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“Me dijeron en la policía que yo debería no llorar, que no tenía que llorar, que no era cierto [lo que estaba denunciando]. Me sentí muy mal cuando la policía dijo que fue mentira,porque yo no voy a mentir sobre cosas así.”

La violación y los abusos sexuales son delitos generalizados en Nicaragua. Más de dos tercios de las violaciones denunciadas entre 1998 y 2008 en Nicaragua se cometieron contra niñas menores de 17 años, la mitad eran menores de 14 años.

El estigma asociado a los delitos sexuales implica que, a menudo, es a la víctima a quien se culpa, y no al agresor.

Para las niñas que denuncian, la lucha por obtener justicia puede ser traumática. Los fallos y la falta de recursos del sistema de justicia nicaragüense significan que, a menudo, los agresores quedan libres. Las sobrevivientes de violaciones y de abusos sexuales que consiguen llegar hasta la vista judicial muchas veces abandonan porque el proceso legal es demasiado caro o demasiado traumático.

Algunas niñas sobrevivientes se enfrentan a la angustia adicional de descubrir que el violador las ha dejado embarazadas. Las que deciden llevar su embarazo a término reciben apenas una pequeña ayuda del Estado, si es que reciben alguna. Para otras, la idea de dar a luz a un bebé fruto de una violación es insoportable. Sin embargo, una ley de 2008 que tipifica el aborto como delito en cualquier circunstancia, incluso para aquellas niñas víctimas de violación, no les deja muchas opciones.

El gobierno nicaragüense tiene la obligación de prevenir la violencia sexual contra las niñas en Nicaragua, de proteger a las sobrevivientes y de garantizar que tienen acceso a la justicia y a la reparación.

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