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Escrito en 26/01/11 a 08:08:12 GMT-06:00 Por Administrador
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Mayor compromiso para frenar violencia contra la niñez

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La Defensoría remitió gestión a la Presidencia de la República para que firmen decreto o directriz que facilite coordinación más efectiva contra este flagelo


26 de Enero de 2011
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Fuente:Defensoría
Costa Rica



Mayor compromiso para frenar violencia contra la niñez


La Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, hizo hoy un llamado a luchar en forma conjunta, a nivel institucional y comunitario, en contra del flagelo de la violencia hacia la niñez y abogó por la articulación de acciones conjuntas tendientes a hacer más efectiva la coordinación para la atención de estos casos.

En ese sentido, gestionó una solicitud ante la Presidencia de la República para que proceda, a la mayor brevedad, a revisar y luego firma de un decreto ejecutivo o directriz elaborado por varias entidades públicas, con el propósito de reunir un marco jurídico que responda al problema adecuadamente como Sistema Nacional de Protección de la Niñez y de la Adolescencia.

Le preocupa a la Defensoría de los Habitantes la situación de violencia, en sus diferentes y múltiples manifestaciones, que viven las personas menores de edad, particularmente aquellas que se desarrollan en el seno familiar.

Según datos del Hospital Nacional de Niños, desde el 2007 han ido en aumento  los casos confirmados de personas menores de edad que han sufrido abuso en su contra; siendo el año 2009 el que más casos registra con un total de 1507; casi el doble del año 2008.

Aunque en el año 2010 las cifras fueron menores, 843 casos confirmados por el Hospital, estas estadísticas no dejan de ser alarmantes sobre todo si tomamos en consideración que no se contabilizan los casos registrados por el PANI, otros centros médicos; así como  la Fiscalía.

Tanto de los casos que la Defensoría conoce diariamente como de aquellos que han sido informados por los medios de comunicación, en relación con situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas en el país, se evidencia un problema cuya magnitud debe ser debidamente dimensionado y obliga a la evaluación de la efectividad del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Esto por cuanto la violencia que se traduce en abuso físico, sexual y psicológico, impacta en el desarrollo de las personas menores de edad y puede resultar hasta en su muerte.

“La violencia contra la infancia es un hecho prevenible, y la única solución es abordarla a través de una estrategia de carácter multi-institucional y multidisciplinaria que permita crear respuestas apropiadas a este fenómeno social en sus distintas dimensiones, desde la prevención, detección temprana, atención y restitución de sus derechos”, dijo la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.  

Conjunto de acciones

La Defensoría de los Habitantes convocó el 8 de abril del 2010, a las distintas instituciones y organizaciones no gubernamentales del país relacionadas con la protección de la niñez y la adolescencia con el objetivo de analizar en forma conjunta la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y así contar con un panorama más amplio e integral de la problemática. Como resultado de esta reunión, los distintos sectores presentes plantearon la necesidad de aunar esfuerzos en un cuerpo normativo que otorgara la fuerza y los recursos económicos necesarios para combatir esta problemática.

Durante varios meses, instituciones tales como el Hospital Nacional de Niños, el PANI, el Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Salud entre otras, elaboraron en conjunto con la Defensoría de los Habitantes las propuestas de un marco normativo que articulara todas las acciones institucionales para responder al problema adecuadamente como Sistema Nacional de Protección de la Niñez y de la Adolescencia. Como producto de las múltiples reuniones que se llevaron a cabo, se elaboraron dos propuestas: un borrador de Decreto Ejecutivo y una Directriz (esta última a instancia de una propuesta anterior).

Así, el día 29 de julio del 2010 y ante una solicitud de audiencia para presentarle a la Presidencia de la República los borradores de tales propuestas, se recibe como respuesta el día 31 de agosto del mismo año el oficio DP-2010-2010, en el cual se indica que por la naturaleza de la petición, ésta sería trasladada a la señora Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Cabe destacar que dicha institución participó activa y preponderantemente en la elaboración de la propuesta que se envía a Casa Presidencial.

En el mes de octubre del 2010, se entabla comunicación con una funcionaria del Despacho de la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, con quien se conversa y se le manifiesta la necesidad imperiosa de una regulación normativa que dispusiera esfuerzos, acciones y recursos para combatir la violencia contra las niñas, los niños y las y los adolescentes. La funcionaria se comprometió a revisar las propuestas.

El día 19 de noviembre del 2010 se entabla comunicación con una funcionaria de la Casa Presidencial con el fin de agilizar la revisión y final aprobación de cualquier de las dos propuestas planteadas. Asimismo, se conversó telefónicamente con dicha funcionaria, a quien se le manifestó la importancia de adoptar una normativa que permitiera una actuación articulada y coordinada entre las instituciones de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, máxime que se acercaba la época del año en la cual se presenta una mayor incidencia de situaciones de violencia por estar las y los niños y las y los adolescentes disfrutando de su período de vacaciones.

No obstante estas gestiones, pasó una hoja más en el calendario, y alcanzamos un nuevo año con la esperanza de que se adopte una solución con el fin de combatir el flagelo de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, pero nuestra niñez y nuestra adolescencia no puede esperar. En ese sentido, la Defensoría de los Habitantes le solicitó el 11 de enero del 2011, a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, revisar, analizar y firmar la propuesta que se considere conveniente, ya sea el Decreto Ejecutivo o la Directriz Presidencial, con el fin de que, al entrar en vigencia, permita la construcción de respuestas articuladas y efectivas en garantía de los derechos fundamentales de esta población.






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