San José.- El Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Francisco Jiménez Reyes, aseguró que el monopolio de la empresa española RTV SyC llegará a su fin a partir de julio del próximo año cuando se cumpla la concesión que se les otorgó para la prestación del servicio de revisión vehicular.

Las declaraciones del titular del MOPT fueron dadas ayer por la mañana ante los miembros de la comisión especial que tramita el expediente 17485 por medio del cual se impulsan una serie de modificaciones a la Ley de Tránsito.

Además del ministro Jiménez también comparecieron Fernando Mayorga Gerente General de la empresa RTV SyC y Alfredo Espinoza de la Asociación de Talleres Integrales Costarricenses (ATICOS) quienes expresaron sus diferentes posiciones sobre el tema.

“Para el MOPT es fundamental… conservar el concepto, la tarea y la actividad de la revisión técnica vehicular en los mejores estándares que hoy se desarrollan, razón por la cual nuestra sugerencia muy respetuosa a los señores diputados es que el modelo se conserve en los términos que actualmente se prestan planteando la oportunidad de ampliar el servicio a través de más oferentes”, sostuvo Jiménez.

Sin embargo el funcionario dejó claro que cuando se habla de democratizar el servicio los interesados en brindar la revisión técnica tienen que tener la capacidad y los recursos para hacer una inversión enorme y a la vez que se les proporcione una tarifa que les permita pagar esa inversión.

Datos de expertos en la materia determinan que cada estación de revisión debe tener al menos 1 000 metros cuadrados entre edificios, naves de revisión, parqueos, áreas administrativas por lo que cada línea con su equipamiento, tiene un costo cercano a los 400 millones de colones y el costo de operación promedio por línea es de 16 millones de colones.

El ministro Jiménez argumentó que estas cifras son elocuentes para pensar que esta no es una actividad que se pueda desarrollar en cualquier sitio ni cualquier persona, porque requiere enormes inversiones.

Pero una posición totalmente diferente mantienen los representantes de la Asociación de Talleres Integrales Costarricenses (ATICOS), cuyo vocero Alfredo Espinoza, dejó claro ante los legisladores que el interés de la agrupación es que se de una apertura por medio de autorizaciones a quienes estén interesados y cumplan con los requisitos.

“Tenemos la experiencia y el conocimiento técnico y administrativo para operar una pequeña o mediana estación de Revisión Técnica Vehicular y en esta escala, estaríamos en capacidad de tramitar un financiamiento para el acondicionamiento de la planta física y la compra del equipo necesario. En esta misma situación están muchos otros pequeños y medianos empresarios costarricenses del sector de servicio automotriz”, consideró Espinoza.

De acuerdo con el representante de ATICOS, el problema que se presentó cuando los talleres nacionales prestaban el servicio a través del ecomarchamo  fue que la administración falló al autorizar la participación de personas que no cumplían con los requisitos.

“No existió continuidad, ni dirección, ni fiscalización de parte de la administración. El programa se sostuvo por el compromiso adquirido con el medio ambiente, nunca cobramos por las reinspecciones, nunca solicitamos alza en la tarifa, pero un programa nuevo sin cabeza y sin supervisión permitió que algunos cayeran en errores y en corrupción...”, especificó Espinoza.

Espinoza sostuvo que el Estado debe dedicarse a garantizar que los usuarios dispongan de la mayor cantidad de lugares donde puedan recibir el servicio; velar porque todos los centros de inspección cumplan las normas técnicas; de calidad; seguridad y administrativas para el bien de los usuarios y el bien común.

Eso si reiteró “no puede el Estado arrogarse el derecho de escoger por los usuarios el lugar donde deban hacer la inspección de sus autos, privándolos del derecho fundamental de elegir la opción que mejor les parezca. Los derechos del consumidor están por encima de los de la administración”, concluyó.