San José.- La Cancillería alojará el próximo lunes la Primera Reunión para la  implementación del Convenio sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico  Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en el Área  del Caribe.
 
El Convenio  reúne esfuerzos de siete naciones (Belice, Estados Unidos de  América, Francia, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica y el Reino de los Países Bajos) para hacer frente a la creciente amenaza del narcotráfico y el crimen organizado.
 
Se trata del primer instrumento multilateral para el combate del narcotráfico que se desarrolla en América Latina y el Caribe. Para la inauguración del lunes, se contará  además con la participación de representantes de varios Estados europeos con territorios o departamentos de ultramar en la región, además de países que han firmado el Acuerdo, pero aún no lo han ratificado, como Nicaragua y Gran Bretaña.
 
A la Primera Reunión han sido invitados a las Embajadas de los países signatarios. En este sentido, de presentarse delegados de Nicaragua, será la primera ocasión, tras la resolución del pasado 8 de marzo de la Corte Internacional de Justicia, que una delegación de Costa Rica y Nicaragua tendrían ocasión de sentarse en una misma mesa durante una actividad.
 
El Canciller Castro  ha resaltado las oportunidades del Convenio para sumar esfuerzos en la lucha común contra el flagelo del narcotráfico,  el tráfico de armas, de personas y de otros negocios ilícitos,  junto a otras naciones que “ayudan en forma solidaria y comparten el cuido de responsabilidades y el resguardo de nuestra soberanía”.
 

Por su parte, los representantes de Francia darán a conocer detalles de la primera operación de la fragata de vigilancia francesa “Ventôse”, en el marco de dicho Convenio, que permitió la reciente captura de una lancha y de cinco personas que trasportaban tres toneladas de cocaína, frente a  la costa costarricense en el Caribe.
El acuerdo, conocido también como Convenio de San José,  se fundamenta en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988 y en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de 1982.
 
Bajo el marco normativo mencionado, este Convenio contempla la posibilidad que tienen los Estados de cooperar de conformidad con sus necesidades, recursos disponibles y prioridades, ampliando o minimizando su participación según las circunstancias.
 
En este sentido, aquellas Partes que carecen de medios pueden autorizar el ingreso a sus aguas jurisdiccionales, en aras de colaborar en la lucha contra el flagelo del narcotráfico en el Área del Caribe. En términos generales, el Convenio reconoce esa asimetría y admite que cada Parte diseñe un esquema de participación a la medida de sus necesidades y conveniencia.
 
Costa Rica y el Reino de los Países Bajos  fueron coauspiciadores en el proceso de aprobación de este instrumento jurídico internacional y en la actualidad han jugado un papel rector en la promoción y entrada en vigor del Convenio.