La población afectada por este fallo se ha sentido desprotegida y abandonada desde entonces, tanto por parte del gobierno que los acogió como de las autoridades de su propio país de origen.

La actividad tradicional de esas comunidades de salvadoreños, sobre todo las asentadas en Nahuaterique, era el comercio de la madera, pero al pasar esos territorios a jurisdicción hondureña quedaron sujetas a leyes más estrictas de conservación de bosques. Sin nada que aserrar ni vender, se agudizó la pobreza en la zona.

El intento de algunos pobladores de seguir con ese comercio, ahora claramente ilícito, ha causado fricciones entre los pobladores y los militares que vigilan los pasos fronterizos. En enero, soldados salvadoreños mataron a dos personas que supuestamente comerciaban madera, en un incidente confuso que aún se investiga.

"Del gobierno de Honduras no tenemos ningún apoyo", se queja Gómez. El servicio médico es limitado en Nahuaterique, que está compuesto por 21 comunidades, pero solo hay centros de salud en tres localidades y médico apenas en una de ellas.

Algunos pobladores prefieren viajar varios kilómetros, algunas veces a pie o "de jalón" (autoestop) si tienen suerte, hasta la población salvadoreña de Perkín en busca de asistencia médica. Se calcula que 20 por ciento de las consultas ofrecidas en la clínica de ese lugar son de salvadoreños llegados de Nahuaterique.

En materia educativa, los pobladores de la zona están un poco más satisfechos, pues cuentan con unas 17 escuelas, atendidas por 40 maestros y maestras.

El mal estado de las carreteras, de tierra, es otro problema del que se quejan los pobladores, pues en invierno las hace prácticamente intransitables.

Gómez sostuvo que, por el hecho de que Nahuaterique no es un municipio, las autoridades nacionales no envían la maquinaria pesada para mejorar las carreteras ni tampoco los incluye en programas sociales.

"El gobierno de Honduras ayuda a los municipios cercanos de Yarula, Santa Elena, Marcala y Cabañas", del departamento de La Paz, pero hasta Nahuaterique no lo hacen, enfatizó Gómez, quien junto a otros líderes de comunidades de la zona luchan para que este sector sea por ley nombrado municipio.

Gerardo Alegría, procurador adjunto para los Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, atribuye esa indiferencia de parte de Tegucigalpa a que la población de la zona aún no puede votar.

"Honduras no ha hecho lo suficiente con estas personas y creo que es porque, como muchos aún no son ciudadanos, no tienen derecho al voto" y por lo tanto no interesa a los dirigentes políticos, comentó a IPS.

El derrocamiento en junio de 2009 del presidente hondureño Manuel Zelaya afectó aún más a los salvadoreños de esa zona, pues se incrementó la animadversión hacia ellos a partir de que el gobierno golpista de Roberto Micheletti los involucró en las protestas organizadas en Tegucigalpa y otras ciudades por los grupos de resistencia a la dictadura, añadió Alegría.

"Tras el golpe hubo más rechazo hacia ellos y más reticencia a enviar los proyectos que se necesitan", sostuvo el procurador.

Alegría tampoco ve que exista una política más decisiva de parte del gobierno de su país del ex guerrillero izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), iniciado en junio de 2009, que también está obligado a apoyar a sus connacionales, aunque ya no estén dentro de su territorio.

"Además de las carencias sociales, otra cosa que la gente necesita es empleo, programas que dinamicen la parte productiva de la zona", puntualizó.

Las autoridades de ambos países ratificaron en 1998 la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos, el instrumento jurídico que buscó resolver los problemas legales derivados del fallo de La Haya, como garantizar la legalización de las tierra y la nacionalidad tanto de salvadoreños como de hondureños.

Honduras tuvo que reformar su Constitución para permitir la doble nacionalidad, de modo que los salvadoreños en esas zonas pudieras tener las dos, mientras que la legislación del vecino país ya permitía esa doble condición ciudadana.

En los años 90 hubo mucha resistencia de parte de esa población a nacionalizarse como hondureños, sobre todo entre los más ancianos, por ese arraigo cultural con el país que los vio nacer. Pero con el tiempo han entendido que ese trámite legal les puede traer los beneficios inherentes al resto de ciudadanos.

Igualmente, desde entonces el proceso de nacionalización para los salvadoreños ha sido lento. Hay que hacer "trámites muy engorrosos", indicó.

No obstante, Oscar Chicas, delegado de la Comisión de Seguimiento, la sección salvadoreña de una instancia binacional que tiene su par hondureña, apuntó que tras la llegada al gobierno salvadoreño del FMLN, tras 20 años de presidencias de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se ha podido trabajar con más vigor.

"Por ejemplo en Nahuaterique, en años anteriores, con los gobiernos pasados, solo se logró que 200 salvadoreños obtuvieran cédulas de identidad hondureñas, y con esta nueva administración, desde 2010 tenemos 1.500 trámites concluidos, esperando que Honduras se resuelva pronto a entregar las cédulas de identidad", explicó Chicas.

Pero esa cifra aún es muy escasa teniendo en cuenta los 12.000 salvadoreños involucrados.

El 11 de abril comenzarán una jornada de inscripciones para la nacionalidad hondureña en otros sectores, informó el funcionario.

Agregó que hay servicios básicos que se cumplen desde El Salvador y para el resto del año se han programado visitas médicas con el programa Fosalud, que incluye clínicas móviles.

A los niños del lado hondureño también se les han entregado paquetes con útiles escolares, como se hace en el resto de El Salvador.