San José.-Después de atender las solicitudes presentadas por los manifestantes que se alojan al frente de la Casa Presidencial, el pasado 18 de mayo se firmó un acuerdo entre el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y Marco Aurelio Carpio Pereira, líder y vocero del grupo. Sin embargo, después de retirarse satisfechos con el convenio establecido, vuelven a instalarse el pasado primero de junio, esta vez con nuevas peticiones y desconociendo el acuerdo previo.

Este grupo inició sus protestas  el 14 de mayo anterior solicitando tierras para 54 familias, además de presentar los datos registrales de una finca que proponen para dicho fin. Una vez que el IDA se comprometió a investigar la opción real de compra del terreno, determina que la finca tiene dueño. El propietario manifestó a personeros del IDA y al señor Carpio que la finca no está en venta y que desautoriza al IDA a iniciar cualquier tipo de estudio.

Al día de hoy el señor Carpio presentó nuevas solicitudes: la primera es que se permita aportar nuevas opciones de terrenos, la segunda que pueda tramitar sus peticiones directamente con los Directores y Jefes nacionales de dicho Instituto, a las que se accede.

La tercera que se modifique el reglamento del IDA para que todas las familias que él representa califiquen, violando con esto el principio de legalidad y la última, que la Presidenta de la República Laura Chinchilla le extienda un documento que lo autorice para recurrir a las Embajadas, para gestionar recursos y negociar en nombre de los costarricenses temas relacionados con parcelas y creación de proyectos de vivienda, específicamente la Embajada de China.

Según declaraciones del viceministro de la Presidencia Francisco Marín, estas últimas peticiones exceden el marco jurídico, institucional y el del Estado, además que las relaciones con las embajadas no pueden ser delegadas a particulares, debido a que existen entidades, convenciones y protocolos encargados de definir los mecanismos de negociación directa entre los países.

En este momento existe una gran preocupación, ya que las condiciones higiénicas en que éstas personas se encuentran desde que se instalaron atentan contra la salud de ellos mismos y de la comunidad, fundamentalmente debido a que en el lugar realizan sus necesidades y cocinan sin los medios adecuados causando serios daños al ornato público.  Además de incrementar la contaminación sónica, invaden las aceras y obstruyen parte de la vía pública, generando la molestia de empresas y vecinos.