“Se está promoviendo una legislación absolutamente draconiana, excesiva, que lo que va a provocar, probablemente, es un tráfico de mercancías de tabaco ilegal…” sostuvo el abogado Burgos.

“Aquí el asunto es de equilibrio, no es que se deba relajar completamente, pero tampoco que se deba prohibir en exceso, al punto de que si convertimos el producto en algo más caro —que es lo que se está intentando, de grabar más fuertemente la cajetilla— lo que vamos a hacer es “selectisar” el producto…”

Los representantes de CACORE rescataron que en el Convenio marco contra el fumado se valoran las alternativas preventivas, en las que se promueven la formación, la reeducación y las alternativas de salud para los ciudadanos y principalmente para el público consumidor.

Reconocieron que este instrumento procura que se impongan medidas de control que protejan no sólo a los fumadores activos —los que ya están atrapados por el vicio— sino a los pasivos, lo que parece razonable.

“El convenio tiene por fin incidir sobre los potenciales fumadores, a la protección de nuestra juventud, en lo cual la Cámara no tiene mayores reservas, sino nuestro absoluto apoyo, siempre y cuando se entienda que el convenio lo que brinda es herramientas y motivar para que se de una mayor prevención y culturización de lo que implica el fumado”.

Dejaron claro que no están de acuerdo en que se impulse una legislación que prohíba en su totalidad la publicidad o el consumo de cigarrillos, porque “lo que se está haciendo es imponer, limitar, obligar a no consumir un producto que es lícito…”, concluyeron.

Con relación al expediente 17 281 Ley de contingencia para la solución parcial a la problemática a favor de las familias afectadas por el evento sísmico del 8 de enero del 2009 y sus consecuencias, se aprobó una moción para solicitar su posición sobre la propuesta al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y a la Junta de Protección Social (JPS).