Después de varias horas de conversaciones con los líderes de la etnia aymará y tras confirmarse la muerte de cinco personas durante los disturbios de este viernes, el Gobierno peruano accedió a abandonar el proyecto de minería privada en el departamento de Puno.

De este modo queda oficialmente derogado el permiso de obtención de licencias para la explotación de estas tierras ricas en metales, otorgado por un decreto especial en 2007.

Las protestas contra las concesiones adquirieron una nueva dimensión hace un mes tras declararse una huelga indefinida que paralizó los trabajos en la mina de Santa Ana, propiedad de la Corporación Minera Canadiense Bear Creek.