Redacción.-El diputado Gustavo Arias Navarro del Partido Acción Ciudadana, PAC,  se pronunció a favor de que las tarjetas de crédito se regulen por medio de una ley y no de un reglamento, con el fin de asegurar los derechos de los tarjetahabientes.

La reglamentación no es suficiente sostiene Arias, pues las empresas están abusando de los usuarios del dinero plástico “hay casos en que los intereses son de usura, pues llegan hasta el 59 por ciento, lo que implica que en año y medio se duplica la deuda”.

La urgencia de mayores controles, afirmó se evidencia cuando se toma en cuenta que en el país hay más de un millón 300 mil personas con al menos una tarjeta de crédito.

Según informó en el país hay más de 400 tipos de tarjetas, con distintos tipos de intereses, aunque  recalcó los más bajos los tiene la banca del Estado, lo cual ayuda a mitigar los abusos que se dan en ese tipo de actividad comercial.

“Es necesario que la ley establezca un tope en los intereses que pueden aplicar las empresas  como lo hacen otros países para evitar los abusos e incluir la información adecuada a los consumidores sobre la forma correcta de utilizarlas” expresó el congresista.

Informó que debido a los altos intereses que se cobran en Costa Rica, en este momento un 33 por ciento de quienes poseen una tarjeta están en cobro judicial, lo que representa 500 mil millones de colones.

El problema detalló es que en Costa Rica cualquier casa comercial emite tarjetas de crédito, creando una disparidad de fiscalización entre bancos y empresas no bancarias.

“No cualquiera puede ser emisor de tarjetas de crédito, pues se está creando una serie de obligaciones con personas y otras empresas que son de carácter públicas, más que contractual” comentó

Por ello aseguró cualquier emisor de tarjetas debería de tener: requerimientos de capital, límites de endeudamiento, reservas de liquidez y evaluación de la gestión.

Ante esta situación expresó espera que los proyectos que se encuentran en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, logren ser la solución a un problema que puede desestabilizar el sistema financiero.