''No tenemos competencia para fiscalizar otros arsenales'' - TicoVisión
Especificó que en 2010 ese artículo fue modificado por el artículo 39 de la ley 8823 y se sacó a la Contraloría General de la República de las competencias que tenía en dicha materia.
20 de Abril del 2012 | TicoVisión | Redacción - | Legislativas | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
''No tenemos competencia para fiscalizar otros arsenales''
“Nosotros no tenemos competencia para fiscalizar los arsenales de otras dependencias gubernamentales. Nosotros somos un órgano funcional a la par de la administración activa con un control posterior, no el control concomitante que hace la administración activa”.
Así de claro fue el Auditor General del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública, licenciado Juan de Dios Araya Navarro, quien compareció ante los legisladores de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
Al funcionario se le citó como parte de la investigación que se realiza en el expediente 18392 sobre las armas que se encuentran en custodia de los diferentes cuerpos policiales existentes en el país.
Araya Navarro debió referirse específicamente al robo de las 215 armas de un lote de 385 que la Policía de Tránsito mantenía en una bodega, custodiada por seguridad privada.
Ante la consulta hecha por el legislador de Acción Ciudadana, Jorge Gamboa Corrales sobre si ellos fiscalizan o auditan todo el armamento en poder de otras instituciones gubernamentales como lo indica el artículo 17 de la Ley General de Armas, Araya aclaró que esto no lo pueden hacer.
Así de claro fue el Auditor General del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública, licenciado Juan de Dios Araya Navarro, quien compareció ante los legisladores de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
Al funcionario se le citó como parte de la investigación que se realiza en el expediente 18392 sobre las armas que se encuentran en custodia de los diferentes cuerpos policiales existentes en el país.
Araya Navarro debió referirse específicamente al robo de las 215 armas de un lote de 385 que la Policía de Tránsito mantenía en una bodega, custodiada por seguridad privada.
Ante la consulta hecha por el legislador de Acción Ciudadana, Jorge Gamboa Corrales sobre si ellos fiscalizan o auditan todo el armamento en poder de otras instituciones gubernamentales como lo indica el artículo 17 de la Ley General de Armas, Araya aclaró que esto no lo pueden hacer.
Especificó que en 2010 ese artículo fue modificado por el artículo 39 de la ley 8823 y se sacó a la Contraloría General de la República de las competencias que tenía en dicha materia.
La Dirección General de Armamento tenía bajo su responsabilidad la fiscalización de todo el inventario nacional, incluyendo a las municipalidades y otras instituciones y había que preparar un informe que se enviaba a la Contraloría.
De acuerdo con Araya, en la nueva redacción del artículo 39 sólo se dejó a la auditoría del Ministerio de Seguridad Pública “pero nosotros no tenemos competencia de fiscalización sobre el patrimonio de las instituciones del Estado, porque somos una auditoría interna, nuestro control es netamente interno”.
Insistió en que cuando esta redacción se modificó más bien lo que se produjo fue una omisión, una debilidad en esta reforma que dejó un vacío jurídico.
Eso sí el auditor dejó claro que la dependencia que tiene un alcance macro, a nivel nacional en el control de todo el armamento que está en poder de las instituciones gubernamentales es la Dirección General de Armamento.
La Dirección General de Armamento tenía bajo su responsabilidad la fiscalización de todo el inventario nacional, incluyendo a las municipalidades y otras instituciones y había que preparar un informe que se enviaba a la Contraloría.
De acuerdo con Araya, en la nueva redacción del artículo 39 sólo se dejó a la auditoría del Ministerio de Seguridad Pública “pero nosotros no tenemos competencia de fiscalización sobre el patrimonio de las instituciones del Estado, porque somos una auditoría interna, nuestro control es netamente interno”.
Insistió en que cuando esta redacción se modificó más bien lo que se produjo fue una omisión, una debilidad en esta reforma que dejó un vacío jurídico.
Eso sí el auditor dejó claro que la dependencia que tiene un alcance macro, a nivel nacional en el control de todo el armamento que está en poder de las instituciones gubernamentales es la Dirección General de Armamento.
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