industriales, agropecuarias y de comercio, fueron agrupadas en un organismo llamado Area Propiedad del Pueblo (App), donde los administradores, individuos sin ninguna capacidad para dirigir tales complejos se dedicaron a  robar a  manos llenas. Cuando los dirigentes de la Resistencia Nicaragüense negociaron la paz, desmovilización unilateral e internamiento de sus efectivos en el territorio nacional, fue durante el período comprendido entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990, cuando la Presidente Electa, Violeta Chamorro, designó a su nefasto y corrupto yerno, Antonio Lacayo Oyanguren, para que negociara la entrega del poder con los mandos sandinistas. Fue el llamado Período de Transición.

En el comentario editorial del diario "La Prensa" del 25 de abril del 2011, se menciona que los sandinistas declararon que estaban dispuestos a entregar el gobierno pero no el poder. Era el momento oportuno para pedir la intervención de los Cascos Azules de la ONU y de la OEA para desarmar a todos los integrantes del gigantesco aparato militar, policiaco y de seguridad del FSLN. Pero en lugar de hacerlo, les permitieron conservar intactos el Ejército Popular Sandinista, la Policía Sandinista y la Dirección General de Seguridad del Estado y llevar a cabo el mayor saqueo de bienes privados y del Estado, a través de la llamada "piñata sandinista", adjudicándose los bienes confiscados los Comandantes de la Revolución, altos oficiales del Ejército, Policía y Seguridad Sandinista. Además, se les permitió recurrir cuantas veces lo consideraran oportuno para sus intereses desplegar la estrategia desestabilizadora de los gobiernos neliberales, gobernar desde abajo.

Cuando los propietarios afectados por la confiscación de sus bienes reclamaron la devolución de los mismos, a unos cuantos se los entregaron, pero a la gran mayoría les dieron Bonos de Compensación, pagaderos algunos a 15 años de plazo y los otros a 30, cargando todas estas indemnizaciones como si fueran deudas internas del Estado. Actualmente se continúan pagando los intereses devengados por esos Bonos y ya se están redimiendo los que se pactaron a 15 años. En otras palabras, es el propio pueblo nicaragüense el que tiene que pagar todo lo que se robaron los dirigentes políticos y militares del FSLN.

Entre los bienes confiscados y que fueron adjudicados a los militares y dirigentes políticos sandinistas, hay muchos que pertenecen a ciudadanos de los Estados Unidos y otros que con el transcurso del tiempo son hoy estadounidenses por procesos de naturalización. Los Estados Unidos han mantenido siempre sus programas de ayuda económica a Nicaragua, estableciendo lo que llaman Waivers (cumplimiento de devolución de bienes confiscados a sus legítimos propietarios). Estos Waivers son de dos clases, los que certifican la devolución o indemnización de las propiedades confiscadas a ciudadanos norteamericanos y el que garantiza la transparencia fiscal. Desde que Ortega Saavedra regresó al poder por la vía electoral, elecciones de noviembre del 2006, no cumplen con ninguna de esas obligaciones, pero los gobiernos de los Estados Unidos se han coludido con el orteguismo para mantener siempre las ayudas económicas y acceso a los préstamos concesionales de los organismos multilaterales de crédito.

A partir del 10 de enero del 2007, el orteguismo ha contado con la complicidad de los grandes empresarios y capitalistas para cabildear en Washington por la renovación anual de cada uno de esos Waivers. Siempre manifiestan que si se suspenden afectarían a los ciudadanos más pobres de Nicaragua, pretendiendo ignorar que el régimen orteguista no tiene ningún interés por reducir la gran cantidad de pobres que existen en Nicaragua, porque estos, con algunos abalorios, engrosan el clientelismo político del secretario general del FSLN. En otras palabras, entre más pobres existan en Nicaragua, mayor es el número de votos que obtiene en las elecciones el candidato del sandino-orteguismo a la Presidencia de la República.

Ante el gran fraude electoral realizado por el sandino-orteguismo y los corruptos magistrados electorales en los comicios municipales del 9 de noviembre del 2008, comprobado por todos los Observadores Nacionales e Internacionales, la única sanción de parte de los Estados Unidos fue suspender los desembolsos pendientes de la Cuenta Reto del Milenio, pero continuaron renovando los Waivers, contando siempre con la complicidad de los grandes capitalistas y empresarios nicaragüenses, los que como de costumbre visitaron Washington y declararon con el mayor cinismo que las sanciones económicas perjudicarían únicamente a los pobres de Nicaragua.

Debido a esa tolerancia internacional para con los fraudes electorales del sandino-orteguismo, el secretario general del FSLN ordenó a sus magistrados de la Corte Suprema de Justicia, reinterpretar a su gusto y antojo el Arto. 147 Cn., el que limita el ejercicio de la Presidencia de la República a dos períodos que no sean consecutivos. Asimismo, dictó un decreto mediante el cual se prorrogaba por tiempo indefinido la permanencia de los miembros de los organismos colegiados, Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Contraloría General de la República, Procuraduría de los Derecchos Humanos, etc. De esta manera, Ortega Saavedra fue el candidato ilegal, ilegítimo e inconstitucional para la Presidencia de la República en las elecciones de noviembre del 2011, lo que combinado con otro fraude electoral, le garantizó la Primera Magistratura de la Nación para el período 2012-2017.

Una nueva Embajadora de los Estados Unidos presentó recientemente sus cartas credenciales. Se trata de Phyllis Powers, la que en una reunión con los empresarios y grandes capitalistas aliados de Ortega Saavedra, manifestó que sería muy difícil que el gobierno presidido por Barak Obama renovara los Waivers de la Propiedad y de la Transparencia Fiscal, debido a que el FSLN ha continuado con su política de confiscaciones selectivas; no devuelve las propiedades confiscadas a ciudadanos norteamericanos; no incorporan al Presupuesto General de la República los cuantiosos recursos de la cooperación venezolana, sino que los administran como si fueran propiedad de la familia Ortega Murillo, existiendo una corrupción galopante nunca antes conocida en Nicaragua, por lo que la Contraloría General de la República es un cuerpo inoperante y sus miembros se encuentran coludidos con los mayores corruptos del Gobierno Central y Entes Autónomos. Además, no se respetan las disposiciones constitucionales y los procesos electorales, degenerando estos en fraudes inverosímiles.

Como es natural, los empresarios y grandes capitalistas nicaragüenses ya se encuentran declarando que la suspensión de los mencionados Waivers afectará a los nicaragüenses más pobres, a los mismos que explotan ellos inmisericordemente. Agregan también que se paralizarán las inversiones nacionales y extranjeras en el país, cortándose el flujo de los préstamos concesionales suministrados por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Presagian una suma impresionante de desgracias para Nicaragua, cuando la solución está en manos de ellos y del propio Ortega Saavedra.

Las confiscaciones de bienes se hicieron durante el período 1979-1990. Ha transcurrido tiempo más que suficiente para que sean devueltos a sus legítimos propietarios. Las confiscaciones se realizaron mediante procedimientos administrativos y los afectados llevan ya más de 20 años luchando en los tribunales de justicia de primera y segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia, donde jueces y magistrados corruptos les exigen el pago de grandes "mordidas", además de lo que les cobran los abogados por las gestiones judiciales. En lugar de cerrar ese capítulo de las confiscaciones y devolución de bienes, han establecido ahora las confiscaciones selectivas, siendo el Procurador General de la República el encargado de llevarlas a cabo con soldados y policías.

El otorgamiento de los Waivers de parte de Estados Unidos al régimen de Ortega Saavedra, no hacen más que fortalecer la dictadura fascista que está en proceso de consolidación totalitaria. Fomentan la corrupción y ponen al gobierno norteamericano como que está de acuerdo con tales actos gangsteriles.

Los empresarios y grandes capitalistas nicaragüenses que están aliados con Ortega Saavedra, deben tener presente que el régimen orteguista no será eterno y serán llamados a rendición de cuentas cuando las circunstancias lo permitan. Además, la Casa Blanca tiene funcionarios en su Embajada que le informan verazmente de todo lo que ocurre en Nicaragua.

Finalmente, el gobierno norteamericano debe recordar que el régimen orteguista es un firme aliado de países promotores del terrorismo internacional y enemigos jurados de sus normas democráticas de vida y de su sistema político, como lo son el ALBA de Hugo Chávez y el Irán de Ahmedinejad.